La Fiscalía de Alta Complejidad de Antofagasta ha solicitado el desafuero del gobernador regional Metropolitano, Claudio Orrego, por su supuesta implicación en el caso ProCultura.
De acuerdo con la investigación, Orrego habría incurrido en delitos de fraude al Fisco, usurpación de funciones y malversación por uso indebido de recursos públicos, al beneficiar a la fundación dirigida por el siquiatra Alberto Larraín, a pesar de que la entidad no tenía la idoneidad requerida para llevar a cabo un programa de prevención del suicidio.
Abuso de cargo y relaciones anteriores
Según un informe de La Tercera, la solicitud de desafuero, que consta de 75 páginas, detalla que Orrego habría abusado de su posición para acelerar un convenio millonario, transfiriendo $1.690.388.000 a ProCultura. La investigación subraya los vínculos previos entre Orrego y Larraín, que abarcan la colaboración durante su alcaldía, su militancia en la DC, y el apoyo en su campaña presidencial.
El documento también indica que Orrego habría recibido una licencia médica falsa del siquiatra, para ausentarse de sus funciones públicas.
Un detalle destacado por la Fiscalía es que seis días antes de la aprobación del convenio, Orrego se comunicó directamente con el entonces Contralor General, Jorge Bermúdez Soto, mediante mensajes de WhatsApp entre su colaboradora Evelyn Magdaleno y María Teresa Abusleme, directora de ProCultura.
“¿Supiste algo de Contraloría?” pregunta Abusleme, a lo que Magdaleno responde: “Nada aún. Estoy en Conce ahora. Seguiré insistiendo desde acá”, para luego añadir que “el gobernador ha llamado hasta al contralor”.
Según los fiscales, esta comunicación tenía como objetivo “acelerar indebidamente el proceso administrativo y garantizar la liberación de los fondos públicos”, creando un trato preferencial hacia la fundación a pesar de su falta de capacidad técnica.
Infracciones citadas
La investigación de la Fiscalía de Antofagasta señala que Orrego habría cometido al menos nueve infracciones administrativas, que incluyen: violaciones al principio de probidad, la priorización del interés general, la imparcialidad, la eficiencia y la transparencia, así como la falta de control interno y de administración adecuada de los recursos del GOREM.
El pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta ya ha programado una audiencia para principios de octubre, donde se discutirá el desafuero de Orrego. La decisión del tribunal será crucial para que la Fiscalía pueda formalizar la investigación y solicitar medidas cautelares contra el gobernador.
Con Información de www.elperiodista.cl
