Gendarmería ha dado a conocer la detención de 12 gendarmes en diversas partes del país debido a investigaciones relacionadas con el tráfico de drogas, cohecho y otros delitos. El desmantelamiento de esta red de funcionarios pone de manifiesto la profunda crisis que atraviesa Gendarmería, un cuerpo que enfrenta a diario un severo hacinamiento carcelario, actos de violencia, una exigente y estresante carrera profesional, así como una creciente actividad criminal dentro de las prisiones. Estos factores, entre otros, ponen al sistema penitenciario chileno al borde del colapso, lo que requiere una respuesta urgente por parte de la sociedad.
De acuerdo con datos de la misma institución, en 2020 había 38.297 personas encarceladas, mientras que en septiembre de 2025 esa cifra ha ascendido a 63.281 internos. La evidencia demuestra que hay cerca de 1.600 bandas criminales operando en las cárceles, de las cuales al menos 600 están activas en la perpetración de delitos.
Además, la tasa de ocupación en las prisiones ha llegado a un 129%, y más del 50% de los recintos penitenciarios están sobrepoblados. Para agravar la situación, 16 cárceles superan el 200% de su capacidad, lo que indica la presencia de serios factores que podrían desencadenar una crisis sin precedentes en la historia de Chile.
Dentro de las cárceles, la conducta de la población penal ha cambiado, con reclusos que se muestran más agresivos e indolentes, muchos de los cuales son extranjeros que han traído consigo prácticas delictivas extremas como la extorsión, la tortura y el reclutamiento criminal entre internos y pandillas.
Es indudable que en el Chile actual, el encarcelamiento puede propiciar el delito en lugar de prevenirlo, ya que las personas privadas de libertad adquieren nuevas habilidades criminales y establecen redes delictivas que operan tanto dentro como fuera de la prisión. Así, para los internos, la cárcel se convierte en un estatus honorífico dentro de su trayectoria delictiva, que facilita su reincidencia en lugar de promover su reintegración social.
Ante este sombrío panorama en el sistema penitenciario chileno, es crucial implementar una reforma significativa en la gobernanza penitenciaria. Esto incluye la creación de una policía penitenciaria bajo el Ministerio de Seguridad, la reestructuración del área de reinserción social, la clasificación de la población penal y una revisión de la prisión preventiva. Solo así podremos avanzar y evitar que las cárceles se conviertan en universidades del delito y en centros neurálgicos del crimen organizado.
Con Información de www.elperiodista.cl
