La diputada Javiera Morales (Frente Amplio) manifestó su apoyo al protocolo de acuerdo entre el Gobierno y la mesa del sector público, en respuesta a las acusaciones de la oposición sobre un supuesto “amarre” de funcionarios. Morales aclaró que la norma no favorece a los cargos políticos ni a los funcionarios de confianza, sino que tiene como objetivo mejorar las condiciones laborales de aquellos que están a contrata y en situaciones laborales precarias.
La propuesta establece mayores requisitos para la realización de despidos de personal a contrata, con el fin de evitar desvinculaciones arbitrarias. De acuerdo a un estudio del centro Horizontal, esta medida podría contribuir a la estabilidad laboral de aproximadamente 33 mil funcionarios públicos.
Desde la oposición, la UDI ha reiterado su intención de promover una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, cuestionando la constitucionalidad de la norma. El diputado Jorge Alessandri advirtió que su sector utilizará “todas las herramientas legales necesarias” para frenar la iniciativa, incluso la presentación de recursos ante el Tribunal Constitucional.
Por su parte, el Partido de la Gente (PDG) decidió no sumarse a la estrategia de la UDI. El diputado electo Juan Marcelo Valenzuela admitió que, aunque tiene reservas sobre la medida, no considera que la situación justifique una acusación constitucional, argumentando que el uso de esta herramienta ha sido distorsionado en conflictos coyunturales pasados, lo que afecta la institucionalidad.
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