La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha presentado una acusación ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra siete empresas de procesamiento de centolla en la Región de Magallanes, junto a ocho de sus ejecutivos. Estas entidades están acusadas de haber formado una colusión, al menos desde 2012 hasta 2021, para fijar los precios de compra de este recurso, que es extraído por pescadores artesanales de la región.
La FNE ha solicitado al TDLC que imponga multas que suman un total de 62.406 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a aproximadamente US$ 54 millones ($ 51.870 millones) para las empresas implicadas, y 511 UTA, cerca de US$ 445 mil ($ 424 millones), a los ejecutivos responsables.
Según la acusación, los representantes de las compañías se comunicaban en persona (en muelles de desembarque, ferias internacionales o reuniones locales) o a través de llamadas, correos electrónicos y WhatsApp para intercambiar información estratégica sobre los precios que pagaban o proyectaban pagar por la centolla.
En base a esta información, las empresas Elaboradora de Alimentos Porvenir, International Seafood, Pesquera Cabo Froward, Productos Marinos Puerto Williams, Proyecta Corp, Sociedad Pesquera Bahía Chilota y Bakkavör coordinaban los precios de compra al inicio de cada temporada, además de retrasar o limitar los aumentos de precio a lo largo del periodo de extracción, que abarca desde julio hasta noviembre de cada año.
Entre 2017 y 2021, estas empresas adquirieron entre el 81% y el 88% de la centolla viva capturada por los pescadores artesanales de la región durante la temporada de extracción, procesándola y exportándola casi en su totalidad, con China, Estados Unidos y México como sus principales destinos.
La FNE verificó que, dado que el precio de compra de la centolla tiende a aumentar durante la temporada de extracción, las empresas involucradas buscaban obtener un precio inicial más bajo, que no se habría dado en un contexto competitivo, y posteriormente retrasar o controlar los incrementos, manteniendo un seguimiento de la evolución de los precios y actuando de manera coordinada frente a los pescadores.
“Al comunicarse, las Empresas Requeridas verificaban, por ejemplo, cuánto estaban pagando sus competidores, lo que les permitía confirmar o descartar la información proporcionada por los proveedores, y también definir su estrategia en futuras compras, limitando así la independencia en la toma de decisiones en un entorno competitivo”, señala el requerimiento de la FNE.
A raíz de estas acciones, los pescadores artesanales de la Región de Magallanes que extraen este recurso se vieron perjudicados, recibiendo pagos inferiores a los que habrían obtenido en un mercado competitivo, donde no existirían los contactos permanentes entre las empresas implicadas.
INVESTIGACIÓN
Las indagaciones de la FNE iniciaron en julio de 2020 tras una denuncia, utilizando todas las herramientas legales disponibles para perseguir la colusión. En febrero de 2021, se otorgó el beneficio de la delación compensada a la empresa Bakkavör y a tres de sus ejecutivos, quienes admitieron su participación y la implicación de las demás compañías en este cartel, aportando información clave para probarlo.
Además, se llevaron a cabo interceptaciones telefónicas y allanamientos en las instalaciones de las empresas en Porvenir, Región de Magallanes. Esta evidencia, sumada a las declaraciones de los ejecutivos que reconocieron los contactos y las conversaciones sobre los precios de la centolla, permitió construir un sólido caso que respalda la acusación ante el TDLC.
El fiscal nacional económico, Jorge Grunberg, declaró que “con este requerimiento, la Fiscalía reitera su compromiso de actuar en cualquier parte del país donde se detecte una infracción anticompetitiva y de perseguir con el máximo rigor las colusiones en los mercados regionales”.
Respecto a la centolla, el Fiscal destacó que «aunque se exporta casi la totalidad de la centolla extraída, es innegable el daño que este comportamiento ha causado en el mercado chileno, afectando especialmente a los pescadores artesanales que dependen de este recurso”.
Esta acción en un mercado regional se suma a otra presentada a finales de marzo por la FNE contra un grupo de panaderos industriales de la Provincia de Iquique por haber coludido en el mercado de elaboración y comercialización mayorista de pan destinado a almacenes de la zona.
Con Información de www.lanacion.cl
