La Fiscalía de Alta Complejidad ha presentado una acusación, solicitando una pena de 19 años de cárcel para el diputado Mauricio Ojeda Rebolledo (IND), quien actualmente se encuentra desaforado.
Ojeda, que se encuentra en prisión preventiva en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, enfrenta cargos por fraude reiterado al Fisco.
La investigación del Caso Convenios examina el destino de 730 millones de pesos que fueron transferidos desde el Gobierno Regional a las fundaciones Folab y Educc, las cuales tenían como objetivo ofrecer cursos a mujeres en situación de vulnerabilidad en Temuco y Padre Las Casas, pero que nunca se llevaron a cabo.
El fiscal Carlos Cornejo notificó al Juzgado de Garantía de Temuco sobre la conclusión de la investigación, y afirmó: «Se está pidiendo para el parlamentario una condena de 19 años de privación de libertad».
Además, añadió que en los próximos días se espera que el tribunal programe la audiencia de preparación para el juicio oral.
Las acusaciones contra el parlamentario
Cabe recordar que la Fiscalía imputa al parlamentario haber contactado a personas y funcionarios públicos del GORE Araucanía para solicitar asesorías y gestiones que permitieran que las fundaciones Educc y Folab obtuvieran proyectos.
Además, se presume que facilitó recursos económicos para asegurar la viabilidad de la fundación, permitiéndole así seguir postulando a financiamiento público.
Entre las pruebas presentadas se incluyen las transferencias de fondos fiscales del Gobierno Regional que, inicialmente asignados a la fundación, fueron depositados directamente en la cuenta del parlamentario.
Durante la formalización, el fiscal regional de La Araucanía explicó que de más de 700 millones de pesos transferidos por el GORE de La Araucanía para financiar cursos destinados a 200 mujeres vulnerables de Temuco y Padre Las Casas, aproximadamente $85 millones terminaron en cuentas de Ojeda y personas cercanas a él.
Este monto corresponde a los préstamos con intereses que Ojeda otorgó y gestionó para dar la impresión de solvencia financiera en la fundación. «De acuerdo con los testimonios, el diputado cobraba un interés del 3% calculado sobre el dinero prestado», explicó el fiscal en su momento.
Con Información de www.elciudadano.com