Este miércoles, la Fiscalía de Alta Complejidad presentó una acusación por fraude al fisco reiterado contra el diputado desaforado, Mauricio Ojeda. El Ministerio Público busca una condena de 19 años de cárcel para el parlamentario, quien está relacionado con la arista manicure del Caso Convenios.
El fiscal Carlos Cornejo indicó que “esperamos que en los próximos días el tribunal fije la audiencia de preparación del juicio oral, lo que permitirá avanzar en este proceso”.
El caso manicure y su vínculo con el parlamentario
El Caso Convenios investiga pagos irregulares de fondos estatales a fundaciones y se originó en la situación de Democracia Viva, que actualmente afecta a la diputada Catalina Pérez. No obstante, del mismo caso surge la arista manicure, en la que se señala la implicación de Ojeda.
Este asunto tiene lugar en la región de La Araucanía, donde se transfirieron $730 millones en fondos por parte del Gobierno Regional a las fundaciones Folab y Educc. Originalmente, el dinero estaba destinado a ofrecer cursos de peluquería, masoterapia, manicure y pedicure para mujeres en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, las formaciones solo incluyeron capacitaciones teóricas, y las prácticas no se llevaron a cabo.
En el transcurso de la investigación, se estableció que la dirección de ambas fundaciones estaba en manos de una sola familia: los hermanos Rinett y Juvenal Ortiz. La fiscalía regional ha solicitado 29 años de cárcel para Rinett y 22 años para su hermano Juvenal.
La implicación de Ojeda en el caso manicure se manifiesta en que el diputado, que se encuentra en prisión preventiva, realizó cinco transferencias por un total de $45 millones a Rinett Ortiz, una de las directivas de la fundación.
Otra instancia que relaciona a Ojeda con el caso ocurrió cuando Miguel Ortiz, el tercer hermano de la familia, declaró que el diputado había tenido una reunión con ellos en Santiago, donde les recomendó que destruyeran sus teléfonos celulares. “Nos sugirió que mi hermana debía hacer desaparecer su celular, sugiriendo que quemarlo sería la mejor opción para justificarlo, dado que indicaría que, debido a su estado de salud mental y la presión de la prensa, tomó la decisión de hacerlo”, relató Ortiz.
Ojeda dio dos explicaciones diferentes sobre la destrucción de su celular
Una de las controversias durante la investigación fue la destrucción del celular de Ojeda. El diputado debía entregar su iPhone 13 para la indagatoria de la PDI, pero al ser recibido, el dispositivo estaba en mal estado, con la pantalla quebrada y despegada del cuerpo.
Asimismo, se observó que la tarjeta electrónica del teléfono tenía daños que impedían verificar el funcionamiento de sus componentes, según el reporte de la PDI.
La defensa de Ojeda argumentó que el daño fue causado por una “bromita” de su hijo de tres años; posteriormente, con otro abogado, la explicación cambió a que un vehículo había pasado por encima del celular.
Con Información de www.fastcheck.cl