Familiares de 65 víctimas del megaincendio en la Región de Valparaíso presentan denuncia ante la ONU por violaciones a derechos humanos.

Familiares de 65 víctimas del megaincendio que devastó miles de viviendas en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana en febrero de 2024 han presentado una denuncia ante la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, alegando una «violación de derechos humanos».

En declaraciones a Radio Biobío, el abogado Felipe Olea, representante de los familiares, detalló que la denuncia tiene como objetivo solicitar la designación de un veedor internacional que evalúe las diversas violaciones de derechos humanos que podrían haber surgido durante y después de la tragedia de febrero de 2024. La ONU dispondría de 30 días para realizar dicho nombramiento.

Se espera que la ONU exija explicaciones formales al Estado chileno, proponga medidas de reparación inmediatas y supervise el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Chile en cuestiones de vivienda, salud e información.

“Las víctimas del megaincendio sienten un abandono, sumándose al dolor de haber vivido una tragedia sin que nadie asuma la responsabilidad por las negligencias que resultaron en la muerte de 139 personas y la destrucción de más de un tercio de la ciudad”, comentó el abogado.

El documento responsabiliza al Estado chileno y a sus organismos por la negligencia relacionada con los 139 fallecimientos en el megaincendio y la falta de apoyo psicosocial, así como por la lenta reconstrucción de miles de viviendas devastadas.

Específicamente, se señala a la Conaf por “fallas en prevención, modelamiento y gestión de alertas tempranas”; al Senapred por “deficiencias en la coordinación y demora en la emisión de alertas de evacuación”; y al Gobierno por “omisiones en la respuesta, reconstrucción y apoyo a las víctimas, lo que ha mantenido a miles de familias en condiciones indignas más de un año después del siniestro”.

“Estamos convencidos de que esta catástrofe es responsabilidad del Estado de Chile en su totalidad, abarcando al gobierno, las instituciones y las municipalidades. Creemos que se trata de una verdadera violación de derechos humanos protegidos por tratados internacionales, y por ello pedimos que la comunidad internacional, a través de la ONU, verifique estas vulneraciones que el Estado chileno intenta relegar al olvido”, añadió el abogado.

Con Información de www.lanacion.cl

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