El 8 de abril de 2025, durante una conferencia de prensa, los familiares de la dirigenta mapuche Julia Chuñil ofrecieron una crítica visión sobre la investigación de la Fiscalía de Los Ríos respecto a su desaparición. Pablo San Martín Chuñil y Lyssette Sánchez, junto con Mariela Santana, abogada y secretaria ejecutiva de la Corporación por la Defensa de los Derechos del Pueblo, y las voceras Juana Aguilera (Comisión Ética Contra la Tortura) y Lucía Sepúlveda (Movimiento por el Agua y los Territorios), denunciaron el escaso progreso en la investigación y el papel de la prensa hegemónica en la creación de un montaje en contra de la familia. Julia, presidenta de la comunidad mapuche Putreguel, fue vista por última vez el 8 de noviembre de 2024 en su territorio recuperado en la comuna de Máfil, región de Los Ríos.
En diversas ciudades de Chile, incluidas Santiago, Antofagasta, La Serena, Valparaíso, Curicó, Talca, Concepción y Puerto Montt, así como en Barcelona y otros lugares del mundo, organizaciones de derechos humanos, medioambientales, animalistas y feministas, junto con el pueblo mapuche, llevaron a cabo manifestaciones para exigir justicia. La manifestación culminó en una emotiva interpretación de la Cueca Sola frente a La Moneda, donde participaron artistas como Mauricio Redolés y Paloma Hidalgo, junto a miles de personas. Además, el equipo de asesores del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Chile, encabezado por Camila Acevedo (S), se reunió con los familiares en la sede de Naciones Unidas para ponerse al tanto de la situación y ofrecer su apoyo.
Un posible montaje
Pablo San Martín, hijo de Julia, expresó que durante uno de los allanamientos a su hogar, la policía pasó varias horas dentro, pero cuando ellos ingresaron más tarde, todo estaba en perfecto orden. Esto ha suscitado sospechas sobre si pudieron haber plantado micrófonos u otras pruebas para incriminar a la familia. Pablo también señaló que no se tomó el debido resguardo del lugar de la desaparición, y que la Policía no recogió muestras del suelo ni protegió una fosa encontrada por él en un terreno cercano, donde se halló un ternero envuelto en nylon, un hallazgo que considera muy extraño dadas las circunstancias.
Pablo sostiene que el principal sospechoso, un latifundista que había amenazado a su madre para que abandonara el terreno recuperado, debería haber sido allanado tantas veces como lo fue su familia. Además, se cuestionó cómo fue que este empresario llegó al lugar de la pesquisa en su lujoso automóvil, justo cuando se estaba investigando. La familia recibió del fiscal información que indicaba que la casa de Julia era “propiedad privada” y, por ende, no podían acceder a ella, aunque afirmó que no han renunciado a la tierra recuperada y tienen derecho a ingresar.
Julia Chuñil desde la perspectiva de su nieta
Lyssette Sánchez, nieta de Julia, relató que los allanamientos han amplificado el dolor familiar y que tanto ella como su tía Jeanette están profundamente afectadas por la violencia que han vivido en estos meses. Describió a su abuela como una mujer trabajadora y respetada en su comunidad, encargándose de sus caballos y cultivando su huerta, donde vendía hortalizas y otros productos. Lyssette agradeció a las organizaciones y comunidades movilizadas por la búsqueda de Julia Chuñil.
La negativa de Boric
La abogada Mariela Santana comunicó que el Presidente Boric rechazó de manera inadmisible una acción urgente presentada al Estado chileno por el Comité Internacional por la Desaparición Forzosa, a través de CODEPU. Ella resaltó que la investigación de la Fiscalía de Los Ríos no ha seguido el protocolo de Derechos Humanos para casos de desaparición forzada, que debe incluir a la familia en las diligencias de búsqueda, y lamentó que se haya estigmatizado a la familia. Santana recientemente asumió la representación de Javier Troncoso, hijo de Julia, y logró acceso a la carpeta investigativa, anunciando que se solicitará investigar no solo la causa inmediata de la desaparición, sino también las motivaciones más profundas, relacionadas con los conflictos por la tierra recuperada.
Juana Aguilera señaló que Chile enfrenta violaciones sistemáticas de derechos humanos, con un empresariado que actúa con impunidad, mientras que Lucía Sepúlveda presentó pruebas de una colusión entre CONADI y tribunales locales, aludiendo a la falta de pago del empresario Morstadt por un terreno en disputa, sugiriendo que la desaparición de Julia favorece los intereses de este empresario.
La conferencia de prensa está disponible para ser vista en el siguiente enlace:
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