Por Claudia Molina B.| FACTOS
Columna de Opinión
El fallecimiento de Santiago Sinclair, exgeneral del Ejército y figura crucial en el aparato militar durante la dictadura chilena, ha sido abordado por muchos medios como un acontecimiento administrativo: la muerte de un exuniformado, exvicepresidente de la Junta Militar y cercano colaborador de Augusto Pinochet. No obstante, limitar su legado a títulos y fechas es insuficiente; es una forma de evitar una discusión crucial que Chile continúa postergando.
Sinclair no fue un mero actor secundario ni un técnico al servicio del régimen. Ocupó posiciones de poder en los momentos más oscuros del régimen, cuando la represión política, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y la tortura eran prácticas sistemáticas del Estado. Su nombre está asociado —tanto directa como indirectamente— a estructuras de mando responsables de violaciones masivas y severas de los derechos humanos, documentadas por organismos nacionales e internacionales.
El Informe Rettig, elaborado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, dejó claro que los crímenes durante la dictadura no fueron meros excesos aislados, sino el resultado de una política institucional. Esta política requirió de líderes, disciplina, obediencia y silencio. Sinclair fue parte de este engranaje.
La muerte de quienes ocuparon esos cargos no extingue la responsabilidad histórica ni moral. Tampoco salda las deudas con las víctimas y sus familias. Cada fallecimiento sin una verdad completa ni justicia efectiva destaca una transición que priorizó repetidamente la estabilidad política sobre la rendición de cuentas. Por tanto, no se trata de conmemorar o lamentar una muerte, sino de cuestionar qué hizo el país —y qué dejó de hacer— mientras estas figuras envejecían sin enfrentar procesos judiciales acordes con la gravedad de sus actos.
Discutir derechos humanos en este contexto no es “reabrir heridas”, como frecuentemente se dice desde ciertos sectores, sino reconocer que esas heridas jamás sanaron. La prolongada impunidad no es neutral: socava la confianza en el Estado de Derecho y sugiere que el poder, cuando se ejerce desde la fuerza, puede quedar al margen de la ley.
El fallecimiento de Santiago Sinclair debería servir como una oportunidad —quizás una de las últimas— para reafirmar un principio fundamental: la historia no se escribe solo con funerales sobrios y obituarios neutros, sino con memoria crítica, verdad documentada y justicia tangible. Sin eso, la democracia se construye sobre bases inestables, y los derechos humanos se reducen a un discurso vacío, útil solo para conmemoraciones.
Con Información de factos.cl
