Andrés Kogan Valderrama, Sociólogo, Diplomado en Educación para el Desarrollo Sustentable, Magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea
La reciente victoria de José Antonio Kast en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2025, donde venció de manera contundente a Jeannette Jara, confirma el escenario más adverso que muchos anticipábamos. Chile se presenta como una nación profundamente marcada, en la que la ultraderecha ha sabido capitalizar el descontento social para ascender al poder en La Moneda.
Para quienes buscamos mayor justicia e igualdad en el país, este resultado es un golpe devastador, que se produce tras un proceso constituyente fracasado, un gobierno de Gabriel Boric que no cumplió con las expectativas de transformación y un fortalecimiento paulatino de la ultraderecha. Esta fuerza, al igual que en otras partes del mundo, ha impuesto una agenda antiderechos, promoviendo un Estado mínimo neoliberal, discriminación racista contra migrantes e indígenas, homofobia y transfobia, negando la crisis climática y menospreciando las demandas del movimiento feminista.
Las elecciones se desarrollaron en un contexto político claramente inclinado hacia la ultraderecha, donde discursos represivos sobre la seguridad —inspirados en Bukele—, la criminalización de la migración —al estilo Trump— y la idea de que el sector público es intrínsecamente corrupto —similares a la retórica de Milei— lograron penetrar profundamente en la sociedad chilena, consolidando la propuesta de un gobierno de emergencia bajo Kast.
Este clima político, no obstante, no apareció de la nada; emergió en un contexto de desmovilización social y falta de articulación de demandas, a diferencia de los años previos al estallido social. La población respaldó narrativas que presentaban la delincuencia como incontrolable, la inmigración como desbordante y la economía como un fracaso absoluto, responsabilizando al gobierno saliente y contribuyendo a la percepción de un país en ruinas.
¿Por qué sucedió esto? Este giro no solo se debe a la capacidad de la ultraderecha para conectar con la ira del pueblo chileno —quienes dejaron de priorizar la desigualdad y el abuso empresarial, como en el apogeo del estallido social—, sino también a las acciones erráticas del gobierno de Gabriel Boric, que no comprendió su papel durante el proceso constituyente y en estos cuatro años de gobierno.
Desde su asunción en marzo de 2022 hasta el plebiscito de salida del 4 de septiembre del mismo año, el gobierno de Boric mostró un desempeño pasivo y temeroso, incapaz de crear las condiciones políticas y económicas necesarias para sostener un proceso que requería un Ejecutivo comprometido con la nueva Constitución. No hablo de intervencionismo electoral, sino de poner en el centro reformas económicas estructurales que mejoraran la vida de los chilenos, quienes se encontraban en un evidente empobrecimiento tras la pandemia, enfrentando desempleo, bajos salarios y un creciente endeudamiento.
En lugar de eso, Boric optó por una política fiscal neoliberal bajo un ministro de Hacienda como Mario Marcel, representante de la vieja izquierda de los años 90 y 2000 de la ex Concertación, que se subordinó a un modelo que concentra la riqueza y no presentó un proyecto alternativo a la derecha que generara esperanza.
Lo más grave fue que, tras la derrota del 4 de septiembre, el gobierno renunció explícitamente a la transformación, priorizando la estabilización y normalización del país. Se alineó con el discurso conservador, cediendo al enfoque securitario y antiinmigrante de la derecha, abandonando el impulso transformador que muchos esperábamos desde el inicio. Se proclamó como el primer gobierno ecológico, pero en la práctica solo acentuó el extractivismo existente, decepcionando a quienes lo apoyamos.
No se puede negar que hubo políticas destacadas durante estos años, pero a nivel estructural el gobierno falló al renunciar a construir un relato transformador y antineoliberal, que fue la base de su victoria presidencial en 2021. En comparación con el último gobierno de Michelle Bachelet, que al menos estableció una narrativa y reformas educativas profundas, el gobierno de Boric no puede reivindicar avances similares, lo que refleja su propia incapacidad.
Respecto a la campaña de Jeannette Jara, su agenda se centró en una propuesta moderada, presentándose como candidata de centroizquierda en un intento desesperado por atraer un voto amplio más allá de los sectores ideologizados. Comparto las críticas hacia su moderación: en un contexto adverso para iniciativas transformadoras, su candidatura se tornó confusa, contradictoria y sin una narrativa clara. A pesar de sus cualidades personales —carisma, empatía y una historia inspiradora de esfuerzo—, su discurso inestable generó desconfianza, al no dejar claro qué deseaba realmente para el país.
Sus alianzas fueron principalmente partidistas y carecieron de vínculos fuertes con el ámbito social, lo que limitó su alcance y la posicionó como «más de lo mismo», parte de una élite política aislada. No presentó una narrativa transformadora por temor a perder apoyo ante la ultraderecha, un grave error en un contexto de voto obligatorio, donde el electorado despolitizado es masivo. Esto contribuyó a su derrota.
En conclusión, la derrota constituyente del 4 de septiembre de 2022 dejó una herida tan profunda en la izquierda chilena que no solo impidió reflexionar sobre la experiencia y levantarnos, sino que también negó la posibilidad de soñar con un país diferente. La victoria de Kast es el costo de esa parálisis. Ahora nos enfrentamos a un gobierno que agudizará las desigualdades y las violencias. Es imperativo que, aun manteniendo la esperanza en un país distinto, trabajemos en nuestra reorganización, superemos los traumas y recuperemos la capacidad de articular diversas demandas nuevamente. Solo así podremos resistir y construir alternativas frente a este retroceso.
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