Desde el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), expresamos nuestra profunda preocupación por la desaparición de Julia Chuñil Catricura, una dirigenta mapuche de 72 años, el 8 de noviembre de 2024 en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos. Esta situación se produce en un contexto de nuevos antecedentes que han salido a la luz desde el 30 de septiembre.
Reiteramos que es inaceptable que, después de tantos meses, aún se desconozca el paradero de Julia. Esto representa una grave violación a los derechos humanos y a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, así como una notable desprotección hacia quienes defienden el medio ambiente.
Acompañamos las demandas de justicia junto a organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales, y ofrecemos nuestra solidaridad a la familia de Julia Chuñil, que ha enfrentado múltiples irregularidades en la investigación, incluyendo intimidaciones y acosos tras la desaparición de su madre y abuela.
La desaparición de Julia se contextualiza en la violencia estructural hacia las mujeres indígenas y defensoras del territorio, lo que requiere un verdadero compromiso institucional para asegurar protección, verdad, reparación y no repetición. A pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares, el Estado no ha garantizado justicia y ha continuado con la discriminación y racismo.
Recientemente, presentamos un informe al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, junto a otras organizaciones, para dar cuenta del estado del caso de Julia. Durante el examen, la ministra de Desarrollo Social y Familiar en Chile, Javiera Toro, eludió responder con claridad sobre temas de desapariciones forzadas en democracia, consultas indígenas no vinculantes y los efectos ambientales del modelo extractivista. El 26 de septiembre, el Comité alertó sobre la falta de reconocimiento constitucional de derechos a los pueblos indígenas y la prolongación de estados de emergencia y amenazas a defensores.
Nos unimos a las exigencias por una investigación ágil y sin discriminación, instando al Ministerio Público a dejar de lado comportamientos irregulares y a investigar con transparencia y urgencia, ya que se trata de la vida de una mujer mapuche defensora de derechos humanos y ambientales.
La desaparición de Julia Chuñil y su legado en la defensa de la tierra y la comunidad nos animan a continuar luchando por un país donde quienes defienden la naturaleza puedan vivir sin violencia. Es fundamental que las organizaciones sociales y los pueblos se movilicen hasta alcanzar justicia.
El Estado de Chile tiene la responsabilidad de proteger la vida de defensores ambientales y comunidades indígenas. Salvaguardar su integridad no es solo un deber legal, sino también una obligación ética en pro de la democracia, la justicia ambiental y la dignidad de los pueblos.
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Con Información de pagina19.cl
