El vacío dejado por las ideologías tradicionales ha sido sustituido por una nueva corriente de pensamiento predominante: la ideología tecnocrática. Esta lógica, enmascarada por la búsqueda de eficiencia y una supuesta neutralidad técnica, ha fomentado una cultura de individualismo y egoísmo que infiltra todos los aspectos de nuestra vida. Carece de reconocimiento hacia el valor de la convivencia comunitaria y del principio ético del bien común.
En Chile, se ha consolidado una narrativa engañosa, adoptada casi como un dogma: que si cada individuo se concentra en satisfacer sus intereses personales, el bienestar colectivo aparecerá de forma natural. Sin embargo, esta afirmación no se ha concretado. La realidad chilena revela una ciudadanía fragmentada, atrapada en la lucha por la supervivencia, permeada por prejuicios y una preocupante indiferencia, donde las injusticias se vuelven habituales y el tejido social se desmorona. Esto se manifiesta en la evasión masiva del transporte público, en licencias médicas fraudulentas, en la corrupción en las instituciones, en prácticas empresariales colusorias y en un marco legal que parece ser más una sugerencia que una obligación.
El bien común no se traduce en la simple suma de bienes individuales. Es el conjunto de condiciones sociales, económicas, culturales e institucionales que permiten a cada persona alcanzar su propia realización. El ser humano no es un ente aislado, sino un ser en relación, que se realiza en conexión con otros, en igualdad de dignidad.
Tanto el Estado como el mercado ofrecen soluciones parciales. El primero opera bajo un paternalismo que asume saber lo que es mejor sin escuchar a la ciudadanía. El segundo, deja a las personas a merced de una “mano invisible” que favorece a los más fuertes. Ambos enfoques han fracasado en garantizar justicia, equidad y cohesión social.
La legalidad, aunque necesaria, resulta insuficiente. En Chile, cumplir con la ley se ha convertido en el objetivo máximo, cuando debería ser el punto de partida. La ética del bien común debe ser el motor de nuestras instituciones, relaciones y decisiones, tanto públicas como privadas. Cuando esta ética desaparece, la democracia se convierte en un ritual vacío. Y una sociedad que carece de la esencia ética del bien común no solo se empobrece: también se degrada y se desintegra.
Este debate trasciende lo técnico para adentrarse en lo moral. Es crucial recuperar el sentido de la vida en comunidad. Para ello, necesitamos iniciar una nueva conversación nacional sobre el bien común.
La educación puede ser el inicio de este cambio. No se trata solo de un sistema de transmisión de conocimientos, sino de un espacio para formar ciudadanos críticos, empáticos y comprometidos. Preparar a las personas para la convivencia, el discernimiento ético y la acción colectiva es vital para evitar que la democracia se debilite desde dentro.
Chile requiere no solo reformas institucionales, sino un renacer ético. Una ética que reconozca que la dignidad humana es innegociable, que los demás no son amenazas, sino aliados en la construcción de un destino compartido. Una ética que devuelva significado a la política, propósito a la educación y humanidad a la economía. Solo al volver a encontrarnos como comunidad, podremos construir un país más justo, cohesionado y verdaderamente democrático.
Con Información de www.elperiodista.cl