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Hasta la fecha, han intentado rematar en 21 ocasiones 535 hectáreas urbanizadas en la región de Valparaíso, siendo la última el 8 de abril. El precio por metro cuadrado es notablemente más bajo, hasta ochenta veces inferior al promedio de la zona. Sin embargo, no hay ofertas, y el liquidador obtiene ingresos excesivos de U$38 millones, sin responder a las solicitudes de balances ni estar al día con las conciliaciones. A lo largo de 12 años de este proceso, es quien más se beneficia.
Según la Real Academia Española (RAE), un «chiringuito» es un «quiosco o puesto de bebidas al aire libre». En España, donde el abogado César Millán Nicolet afirma tener altos contactos, la palabra hace referencia a un negocio o un bar exclusivo, un lugar donde se puede beber, comer y conversar con confidencialidad.
Desde hace 12 años, Millán Nicolet ha establecido “un chiringuito” en la Región de Valparaíso. Sin embargo, este negocio no se asemeja ni en tamaño ni en estilo al Chiringuito de Zapallar, y carece de la confiabilidad y transparencia necesarias. En lugar de eso, se basa en una serie de acciones turbias, situadas en Curauma. En específico, en una extensión urbanizada de 535 hectáreas junto al tranque La Luz, con un conjunto de terrenos valorados en más de US$500 millones (aproximadamente $500 mil millones de pesos en valores brutos). Desde 2013, Millán actúa como síndico en un proceso que comenzó con eventos y maniobras que generan al menos sospechas de manipulaciones. La quiebra de Curauma S.A. se decretó mientras buscaba recomprar los terrenos a EuroAmerica Seguros de Vida S.A., su principal financista, iniciativa solicitada por una persona relacionada con la industria de los seguros, el abogado Julio Bustamante Jeraldo. Exsuperintendente de AFP, Bustamante reclamó una deuda de asesorías sin respaldo tributario ni evidencias de pagos pendientes, por un montante de $80 millones (¡en pesos!). Sorprendentemente, la solicitud fue aceptada en el 2° Juzgado Civil de Santiago, a pesar de que la sede de Curauma está en la Región de Valparaíso. En diciembre de 2013, el tribunal designó a César Millán Nicolet como síndico.
Estrés laboral
Este es un resumen conciso de un proceso que aún no concluye tras 12 años, y en el que César Millán Nicolet ocupa un papel central. Este tiempo ha sido suficiente para perfilar su carrera profesional. Millán declara residir entre España y Chile. Aparece vinculado a un bufete en Madrid – Belzuz Abogados–, donde es difícil localizarlo. Su nombre figura en el prestigioso consejo asesor de una entidad empresarial, el CIAPI, relacionada con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), presidida por Andrés Allamand y financiada por el Estado Español. En este contexto, se presenta César Millán Nicolet junto a representantes de grandes constructoras de la península, como Azvi y OHL. Sin embargo, él representa a la inmobiliaria que lleva sus iniciales (CMN), que tenía un capital de 3.100 euros hasta mayo de 2021, cuando experimentó un aumento inexplicable a 775 mil euros.
También proceden de España los certificados médicos que presentó a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SUPERIR) cuando esta le solicitó explicar irregularidades en el proceso de Curauma, que tras 12 años todavía está en curso. La superintendencia encontró cotizaciones impagas, balances y conciliaciones bancarias deficientes, y honorarios cobrados en exceso por $38 millones, sin aviso ni autorización de los acreedores, junto a otros incumplimientos. También se registró un extravío de $47 millones destinados a inversiones, lo que origina un proceso sancionador en curso tras estos hallazgos.
Para justificar sus problemas, César Millán presentó certificados médicos a su nombre expedidos en España por Carlos Nazir Diuana, quien enfrenta acusaciones en Chile por ejercicio ilegal de la medicina. En Chile, Nazir, amigo de Millán, fue descubierto por un equipo de Canal 13 usando un departamento como consulta médica, donde ofrecía inyecciones de testosterona y otros procedimientos urológicos. Nazir dejó Estados Unidos tras un escándalo por comercialización no autorizada de sustancias en televisión. Los certificados presentados por Millán, sumados al proceso de la superintendencia, datan de julio y septiembre de 2017 y mencionan «otitis media, posiblemente bacteriana o viral, y estrés laboral».
Una vez recuperado, César Millán organizó el 8 de abril de este año el intento número 21 de rematar los terrenos de Curauma. Al mismo tiempo, mantenía un litigio con una de las sociedades que forma parte de la cadena de supermercados Unimarc por el uso de la marca “Chelazo”. Millán sostiene que posee el derecho sobre la marca “Chela” y “Chelita” hasta 2030 y, sin éxito, ha defendido su marca frente a otras inscripciones, como la marca “mix chelada”. Es comprensible que busque negocio en otras áreas, dado que renunció a registrarse como liquidador o síndico a partir de febrero de 2020.
No obstante, dado que el proceso de Curauma sigue inconcluso, Millán permanece en su puesto, “pues la ley se lo exige” y es el gran “chiringuito” que le queda, proveniente del ámbito público. El presidente de la Junta de Acreedores es el representante de la Tesorería General del Estado, quien acepta sin inmutarse el precio base que Millán establece para los remates, que desfavorece a los acreedores de Curauma.
Ofertas sorprendentes
Conforme al Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso (PREMVAL), el terreno de 5.350.000 metros cuadrados está diseñado como una urbe planificada, con acceso a la Ruta 68 y dotada de infraestructura comercial y educativa. El PREMVAL permite desarrollos residenciales e industriales a 103 kilómetros de Santiago, en un contexto de escasez de suelo urbanizable.
Incluso un agente inmobiliario novel podría darse cuenta de que, en valores brutos, 535 hectáreas en esta ubicación tienen un valor superior a UF 100.000, es decir, menos de $4 mil millones de pesos. Sin embargo, este fue el precio señalado por el síndico en el intento número 21 de rematar los terrenos. En términos técnicos del mercado inmobiliario, resulta irrisorio el precio de 0,0187 UF por metro cuadrado, igual a $727 por metro cuadrado. En la zona correspondiente al PREMVAL, el promedio es de 1,5 UF ($58.341) por metro cuadrado. Las parcelas urbanizadas en el sector se venden a 2,7 UF ($105.013) por metro cuadrado, en promedio. En el puerto de Valparaíso, el promedio es aún más alto, 60 UF ($2.333.640) por metro cuadrado, todos en valores brutos.
Estas cifras están muy alejadas de cualquier rango de mercado y resultan sospechosas, al igual que la presencia de Millán en un gabinete jurídico en Madrid o el certificado médico emitido por su amigo, Carlos Nazir, registrado en Málaga. La oferta es 80 veces inferior al promedio local, 144 veces menor que los terrenos urbanizados y 3.209 veces por debajo del mercado residencial.
A un precio de 1,5 UF/m², el terreno tendría un valor de UF 8.025.000, es decir, $312 mil millones de pesos; mientras que en el promedio más bajo a 0,5 UF/m², ascendería a UF 2.675.000, o $104 mil millones.
Esta diferencia—de UF 2.575.000 ($100 mil millones) a UF 7.925.000 ($308 mil millones)—representa una pérdida patrimonial monumental. Bajo las circunstancias actuales, los acreedores podrían ver su derecho constitucional a la propiedad, tal como se describe en el artículo 19, número 24, afectado.
El 2° Juzgado Civil de Santiago, que atiende la quiebra, no dispone de tasaciones independientes que puedan cuestionar una oferta que está muy por debajo de los precios de mercado. Todo parece parte de una estrategia deliberada sobre la que existen algunas pistas.
En enero de 2013, meses antes de ser designado síndico en esta quiebra, César Millán viajó a Punta del Este de vacaciones con Nicholas Davis, presidente de EuroAmerica.
EuroAmerica Seguros de Vida S.A. es el principal acreedor de Curauma, ya que suscribió el financiamiento del proyecto en 2004. La compañía está enfrentando serios retos, siendo una de las principales accionistas en la crisis de colusión de los casinos Enjoy. En el caso de Curauma, la inmobiliaria acusó la venta unilateral de los terrenos a una de sus filiales, a pesar de haber un acuerdo para que Curauma ejerciera su opción de recompra. Esta disputa y las medidas precautorias aún pendientes convierten cualquier venta en un terreno problemático, que podría interpretarse como una estafa, de acuerdo con el artículo 473 del Código Penal.
Con Información de desenfoque.cl