Este lunes a las 8:30 horas, se llevará a cabo la formalización de la desaforada diputada Catalina Pérez (ex Frente Amplio) en el Juzgado de Garantía de Antofagasta. Este procedimiento está relacionado con el caso Democracia Viva, que ha originado múltiples investigaciones sobre financiamiento estatal a diversas fundaciones en todo el país.
La Fiscalía de Antofagasta le imputará tres delitos de fraude al Fisco, acumulando un total de 426 millones. Anteriormente, han sido formalizados su ex pareja y fundador de Democracia Viva, Daniel Andrade, así como el ex seremi de Vivienda, Carlos Contreras, y la ex concejala Paz Fuica, todos miembros de Democracia Viva en el momento de los hechos.
Hasta el día de hoy, Contreras y Fuica se encuentran en prisión preventiva, lo que aumenta las probabilidades de que la diputada desaforada enfrente la misma medida cautelar si es solicitada por la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que actúa como querellante en esta investigación liderada por el fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar.
El caso Democracia Viva fue dado a conocer en junio de 2023 por el medio Timeline de Antofagasta, que reportó los convenios millonarios entre la Seremi de Vivienda y la Fundación Democracia Viva, destinados supuestamente a ayudar a campamentos en la región. De acuerdo con la fiscalía, estos convenios fueron fraudulentos y se obtuvieron sin cumplir los requisitos legales.
Catalina Pérez perdió su fuero el 7 de abril pasado, tras la confirmación por parte del Pleno de la Corte Suprema del fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que el 20 de febrero aprobó la solicitud de desafuero impugnada por la Fiscalía. Según el tribunal, los antecedentes “ofrecen una secuencia lógica de la intervención de la diputada en eventos previos y posteriores a la firma de los tres convenios fiscales mencionados, basándose en sus vínculos con los imputados Sr. Andrade y Sr. Contreras”.
El tribunal también mencionó que “las conclusiones de los informes policiales y las conversaciones en WhatsApp, especialmente entre la diputada y el Sr. Andrade, presidente de la Fundación que recibió dichos tratos fiscales, dotan de credibilidad a la acusación del Ministerio Público sobre la existencia de algún tipo de intervención. Esto es independiente de la naturaleza de la participación que la Fiscalía pretenda demostrar en el futuro”.
Además, se indicó que “hay elementos de investigación objetivos que sugieren que la diputada conoció de la suscripción de los convenios y que incluso participó en la recolección de los antecedentes necesarios para su realización, teniendo conocimiento de que la fundación no cumplía con los requisitos básicos para recibir dichos beneficios”.
“A esto se suma una serie de antecedentes que evidencian su intervención directa, primero para aparentar que la fundación cumplía con los requisitos necesarios y para que los demás involucrados asumieran la total responsabilidad por la firma de los convenios, eximiéndola de cualquier culpa, además de darle directrices sobre el discurso común a seguir para tales fines”, continuó el resolución en ese momento.
Por último, se enfatizó que “es relevante que estos antecedentes, aunque posteriores a la firma de los convenios, indican el pleno conocimiento de la diputada Pérez sobre las irregularidades presentes, asumiendo un claro papel de liderazgo y dirección en las acciones mencionadas”.
Finalmente, se destacó que “su posición privilegiada y su conocimiento durante la ejecución de los convenios refuerzan la plausibilidad de la acusación inicial del Ministerio Público sobre su eventual participación como coautora, conforme al artículo 15 N°3 del Código Penal”.
Con Información de www.lanacion.cl