El Decimotercer Juzgado Civil de Santiago dictó una sentencia que condena al Estado a compensar con un total de $180.000.000 a 4 víctimas de detenciones arbitrarias y torturas infligidas por agentes estatales durante la dictadura de Augusto Pinochet. Uno de los afectados «fue forzado a ingerir su propio excremento».
En su resolución (causa rol 9.370-2024), la jueza María Eugenia Silva Pacheco desestimó las excepciones planteadas por el Estado relacionadas con cosa juzgada, reparación integral y prescripción, al corroborar que los demandantes fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad, los cuales son imprescriptibles en el ámbito penal y civil.
“Una vez establecida la responsabilidad del Estado, es necesario determinar los daños que los demandantes alegan, los cuales se basan en daño moral”, expresó la jueza en su fallo.
Compensación estatal para 4 víctimas de la dictadura
Según el dictamen, el Estado deberá abonar a cada una de las cuatro víctimas, identificadas por las iniciales E.P.E.L., N.E.F. P., J.L.F. y L.O.R.V., la cantidad de $45.000.000, la cual «se ajusta a la gravedad de los hechos comprobados», tras haber sido sometidos a detenciones ilegales y torturas por parte de agentes estatales en diferentes períodos, entre 1973 y 1985.
Como expone la sentencia del Decimotercer Juzgado Civil de Santiago, uno de los detenidos fue apresado al mediodía del 12 de septiembre de 1973 en la empresa metalúrgica “Metal Mecánica”, donde se ocultaba de las autoridades.
Al ser capturado, fue golpeado y obligado a salir de la empresa a la fuerza, donde tuvo que alinearse junto a otros en la calle, siendo testigo del fusilamiento de una persona frente a él, «un suceso que permanece grabado en su memoria hasta hoy».
Inmediatamente después, fue llevado al Estadio de Chile y, el 13 de septiembre, tras ser golpeado junto con otros prisioneros políticos, quienes tenían que atravesar un “callejón oscuro”, donde los militares les propinaban golpes, decidió identificarse como funcionario de la Policía de Investigaciones ante el militar a cargo. Luego de confirmar su identidad, fue trasladado ese mismo día a un cuartel de investigaciones, donde estuvo amarrado a una silla con grilletes y sometido a constantes interrogatorios hasta el 20 de septiembre de 1973, cuando fue trasladado a la Cárcel Pública de Santiago.
En esa cárcel, permaneció “incomunicado” durante 15 días, tiempo en el que sufrió constantes agresiones y amenazas por parte de sus captores, «sobreviviendo con una alimentación apenas digerible».
Fue encarcelado hasta junio de 1974, momento en que fue enviado a la Cárcel Anexo Capuchinos, donde quedó hasta el 26 de mayo de 1976, cuando recuperó su libertad al acoger el Decreto N°504 que permitía conmutar el resto de su pena por exilio. El 26 de mayo de 1976, se trasladó a Canadá.
N.E.F. P., en tanto, fue detenido en múltiples ocasiones entre 1984 y 1985, debido a su militancia en el Partido Comunista y luego en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Según la sentencia, era una persona buscada por las autoridades, lo que se tradujo en varias detenciones que, en ocasiones, duraban horas o lo mantenían varias noches en calabozos de cuarteles de investigaciones o comisarías.
«Fue detenido al menos 10 veces, cada vez por pocas horas, y en cada ocasión sufrió agresiones o humillaciones por parte de los agentes del Estado. En total, enfrentó más de 12 detenciones entre 1984 y 1985. Debido a la opresiva sensación de persecución, decidió huir a Argentina, donde permaneció entre 1986 y 1989», concluye el fallo.
En cuanto a J.L.F., fue detenido el 6 de octubre de 1973 mientras trabajaba en el Hospital de Osorno, donde era jefe del área administrativa. Los agentes del Estado lo llevaron a la fuerza a la Cárcel Pública de Osorno, donde fue «incomunicado», encerrado en una pequeña y húmeda celda alejada del resto de los reclusos, incluidos otros presos políticos. Al día siguiente, lo condujeron al subterráneo del Hospital Base de Osorno, donde se encontraba una sala de tortura, y allí fue sometido a torturas.
Tras una semana en la Cárcel de Osorno, lo trasladaron a la empresa de cocinas FELCO, donde se habilitó un galpón específicamente para la tortura de prisioneros, siendo diariamente agredido. «El daño fue tal que, cuando apenas podía hablar tras ser golpeado con un fusil en la cara, suplicó a su torturador que lo ejecutara, y recibió como respuesta que “hay que fusilar a este weon mañana”», afirma la resolución del tribunal.
Después de dos semanas en la empresa FELCO, fue llevado al campo de concentración denominado Estadio Español, donde permaneció privado de libertad hasta el 8 de diciembre de 1973, momento en el que, tras dos meses de cautiverio, se le informó que podía salir.
«Forzado a ingerir su propio excremento»
Por su parte, L.O.R.V. fue detenido el 7 de noviembre de 1973 en la empresa metalúrgica española INDUMET, ubicada en la comuna de San Miguel, donde trabajaba como tornero mecánico.
Después de su arresto, fue llevado al Retén de Carabineros en Bellavista, donde pasó dos noches, y luego un militar lo trasladó a la Cárcel de Santiago el 10 de noviembre.
Según la sentencia, durante su estancia en el Retén de Carabineros, L.O.R.V. «sufrió humillantes y graves torturas; fue golpeado con pies y manos, obligado a defecar en sus pantalones y a comer su propio excremento, lo que le provocó vómitos durante gran parte de los 3 días que permaneció allí».
Al ingresar a la Cárcel de Santiago, tuvo que permanecer incomunicado en una celda donde apenas había espacio para una especie de cama de paja y sin posibilidad de ver la luz del sol.
«Mientras estuvo en esta celda, un Mayor de apellido Pozo lo visitaba cada mañana, propinándole puñetazos en los oídos y patadas en cualquier parte del cuerpo. Recibió tantas golpizas que, antes de ser trasladado a la celda de prisioneros políticos, debieron llevarlo a enfermería, ya que apenas podía caminar y no soportaba el dolor en la cabeza, la espalda y los testículos, áreas que habían sido golpeadas por el Mayor Pozo», narra el dictamen.
L.O.R.V. recuperó su libertad el 12 de julio de 1974 y ese mismo año emigró a Argentina y luego a Canadá, junto a su esposa e hijos.
En 2019, regresó a Chile, dejando a sus hijos en el país norteamericano.
Con Información de www.elciudadano.com