A partir de la medianoche de este miércoles, Lima Metropolitana y la provincia del Callao se encuentran en estado de emergencia por un plazo de 30 días. Esta medida, decretada por el presidente interino José Jerí mediante el Decreto Supremo N.º 124-2025-PCM, conlleva restricciones considerables y la limitación de ciertos derechos constitucionales, todo con el fin de salvaguardar el orden interno.
La implementación de estas medidas estará a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP), apoyada por las Fuerzas Armadas. Durante este período, se establecerán controles específicos para combatir delitos y situaciones violentas, así como limitaciones a derechos como la libertad individual, la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio, así como de reunión y circulación.
La organización de eventos públicos se verá afectada por nuevas normativas. Ahora, cualquier actividad religiosa, cultural o deportiva que busque reunir hasta tres mil personas necesitará una solicitud de permiso, según lo estipulado en el Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones. No obstante, reuniones o eventos de menor escala podrán llevarse a cabo sin necesidad de autorización previa.
Expertos sugieren que estas restricciones tienen como objetivo gestionar posibles manifestaciones antigubernamentales, como las previstas para este sábado 25. Se intensificará el patrullaje en puntos estratégicos, como paraderos y estaciones del metro, con operativos de búsqueda y captura, además de controles de identidad en vías públicas y vehículos.
Entre las prohibiciones se encuentra el desplazamiento de dos adultos en motocicletas y la confiscación de vehículos con documentos falsificados o placas ilegibles. Asimismo, habrá controles sobre armas, municiones y artículos pirotécnicos ilegales.
El Sistema de Inteligencia Nacional llevará a cabo pruebas de confiabilidad con polígrafo al personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y a otros servidores, mientras que las operaciones fiscales se enfocarán en insumos químicos para la producción de drogas. El decreto también busca fortalecer las unidades de flagrancia para optimizar la respuesta judicial, implementando medidas adicionales de seguridad para fiscales y jueces en casos de criminalidad.
En el contexto social, esta decisión ocurre en un marco de movilización de la ‘Generación Z’, que ha expresado su oposición al crimen organizado y al gobierno mediante símbolos culturales. Las acciones de seguridad han tenido consecuencias significativas, resultando en más de 100 heridos y un fallecido, lo que resalta la gravedad de la situación.
Con Información de factos.cl
