En estos días, tras la orden de la justicia chilena a los proveedores de internet para que bloqueen el acceso a las casas de apuestas en línea, resulta pertinente cuestionarse: ¿realmente es viable, en 2025, prohibir una plataforma?
Técnicamente, la respuesta es afirmativa. Sin embargo, desde una perspectiva social, legal y política, la situación es más compleja.
Esta medida se dirige a las casas de apuestas que actúan sin regulación en Chile. Aunque el debate no es nuevo, la reciente decisión de un tribunal civil de implementar una especie de “apagón digital” abre un camino que merece ser analizado. Si en el futuro se cuestiona una aplicación como Uber —que aún no cuenta con un marco normativo claro—, ¿se seguirá la misma lógica? ¿La justicia también requerirá su bloqueo?
No se trata de juzgar la legalidad o moralidad de las apuestas en línea, temas que deben ser abordados por el Congreso en un marco de discusión democrática. La preocupación radica en que, ante la falta de acción legislativa, el poder judicial establezca criterios que puedan ser aplicados de manera amplia y arbitraria. Hoy son los juegos en línea, mañana podría ser cualquier otra plataforma vista como “ilegal”, sin un debate público previo o una ley que lo sustente.
En el siglo XXI, los desafíos del Estado no deben centrarse en censurar o bloquear, sino en regular de manera inteligente, con una visión a futuro y respetando las libertades fundamentales. Prohibir plataformas es como intentar cubrir el sol con un dedo. Si el Estado busca combatir prácticas ilegales o perjudiciales, debe hacerlo con herramientas modernas, una fiscalización efectiva, normativas claras y transparencia.
Lo contrario —el castigo anticipado, la censura y el cierre sin discusión previa— nos remonta a una época en la que se pretendía controlar el acceso a la información como si aún estuviésemos en los años 90, cuando Internet era un privilegio de unos pocos.
Actualmente, las plataformas son parte integral del ecosistema de vida. Algunas pueden resultar dañinas o controversiales, mientras que otras son esenciales para la economía informal o la conectividad en regiones. La labor del Estado no es vetarlas ni silenciarlas, sino comprenderlas, intervenir si es necesario y garantizar que se respeten los derechos de todos.
Si no se actúa de esta manera, el siguiente paso será bloquear redes sociales, podcasts y newsletters… todo aquello que escape al control tradicional. Y cuando eso suceda, no serán solo las apuestas las que estén en juego, sino la libertad misma de vivir y expresarse en democracia.
Con Información de www.elperiodista.cl
