- Un empresario ha demandado a Claudio Painepán y al alcalde Sebastián Álvarez, debido a anotaciones en el permiso de construcción que indicaban que la regularización de una controvertida mansión en Correntoso estaba siendo revisada por la Contraloría.
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Lo que originalmente parecía un asunto cerrado, después de que se obtuviera un permiso de construcción y una recepción final, ha cobrado nueva vida. El empresario inmobiliario José Miguel Martabid ha iniciado acciones legales contra el director de Obras Municipales (DOM), Claudio Painepán. Esta acción se origina en tres anotaciones que el funcionario realizó en el permiso de construcción en junio de este año, las cuales, según el demandante, son ilegítimas y carentes de fundamento.
Las anotaciones hacen referencia a aspectos vinculados a la supuesta ilegalidad en la emisión del permiso —que fue concedido por el seremi del Minvu, Patricio Escobar, en una decisión polémica— que Painepán notificó a la Contraloría. «Se trata, por lo tanto, de afirmaciones sin justificación legal, que exceden las atribuciones del Director de Obras Municipales y contradicen los principios administrativos, solicitando su eliminación y la nulidad de derecho público, manteniendo la validez del acto administrativo original, es decir, el permiso de construcción», se indica en la demanda, que también menciona al alcalde Sebastián Álvarez como máxima autoridad del servicio.
Los tres puntos cuestionados en el permiso de edificación son los siguientes:
1.- La DOM señala la ilegalidad del permiso de edificación otorgado por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de La Araucanía, según la resolución Ex. n.º 474 del 22 de mayo de 2025.
2.- La DOM informa que la municipalidad de Pucón, a través del alcalde, ha solicitado a la Contraloría General de la República una consulta acerca de la legalidad de la instrucción mencionada, que está en trámite. Esto está registrado bajo el ingreso Nº ES4665/2025.
3.- Según lo establecido en el artículo 53 de la Ley Nº 19.980, este acto administrativo puede ser invalidado.
El demandante sostiene que la inclusión de estos elementos en el permiso genera una condición “restrictiva” y “amenazante”: “En este acto administrativo, la Dirección de Obras Municipales de Pucón incluyó anotaciones que no se fundamentan en la legislación, específicamente los numerales 1, 2 y 3, que establecen condiciones restrictivas y amenazantes, dejando el permiso de construcción sujeto a la ‘aprobación o confirmación del permiso por parte de la Contraloría’, como si esta entidad fuera una segunda instancia, lo que afecta la estabilidad del permiso otorgado y no está contemplado en la legislación urbanística ni en el procedimiento para la emisión de permisos de construcción”.
La demanda señala que las anotaciones en el permiso han resultado en, entre otras cosas, en la negativa del banco BCI a otorgar un crédito hipotecario a Martabid. “Es cierto que, al evaluar un crédito hipotecario solicitado por mi representado en BCI Oficina Temuco, se informó que, tras analizar el permiso de edificación otorgado, la decisión del Banco fue no proceder con el proceso crediticio, dado que, según un correo del 28 de agosto de 2025, se constató que la misma DOM cuestionaba la legalidad del permiso otorgado, lo que imposibilitaba continuar con la operación financiera”, especifica la demanda presentada por el abogado Gustavo Méndez Roco.
Contexto histórico
La controversia sobre la conocida “Casa Martabid” se inició enjulio de 2019, cuando un acuerdo entre la municipalidad y el empresario fue anulado, calificado como “contrario a derecho” por el Juzgado de Policía Local (JPL), tras una infracción de la DOM por construir una edificación de casi 4,000 metros cuadrados con un permiso que solo autorizaba 260 mts2.
A partir de este momento se desató una prolongada disputa que ha tenido lugar en diversos tribunales locales y regionales (incluso unacausa penal). El caso finalmente llegó a la Corte Suprema, querespaldó la interpretación de la DOM local, determinando que, según las condiciones del Plan Regulador Intercomunal (PRI) Villarrica-Pucón, la mansión era “irregularizable” y resultó en una multa de $124 millones para el empresario por construir sin el permiso adecuado.
No obstante, el empresario comenzó a observar avances cuando el seremi Escobar ordenó, en unproceso y correspondencia cuestionables, que Painepán otorgara un permiso de edificación tras una nueva solicitud presentada en noviembre de 2024. Este permiso finalmente permitió a Martabid regularizar la casa conocida como “Latakia”.
“Desviación de poder”
El abogado de Martabid alega que el director de la DOM ha realizado acciones que constituyen “desviación de poder”. “A la luz de todo lo expuesto, el comportamiento de la Dirección de Obras Municipales de Pucón, a lo largo de sus actuaciones en el procedimiento administrativo, no solo ignora la legislación vigente y los pronunciamientos de la autoridad competente, sino que también demuestra un grave caso de Derecho Administrativo, es decir, la desviación de poder. Esto sucede cuando la autoridad, a pesar de tener la obligación legal de decidir de una manera determinada —ya que se cumplen todos los requisitos legales para ello— decide, sin causa válida, frustrar o impedir ese resultado, actuando por motivos ajenos al ordenamiento jurídico, creando, para ello, una especie de segunda instancia, para que determine algo que ya está definido”.
Por lo tanto, la demanda solicita al tribunal de Pucón cuatro decisiones: la primera es que se declare la “nulidad de derecho público” de las anotaciones adicionales realizadas por Painepán al permiso. La segunda es mantener la “plena eficacia y validez” del mismo. Adicionalmente, se pide que el juez ordene la eliminación de las notas adicionales del expediente administrativo y, finalmente, que se impongan las costas a los demandados en caso de oposición.
Con Información de chilelindo.org
