El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, abordó la conocida ley de “amarre” del sector público y mencionó que cerca de 33 mil trabajadores del sector público que ingresaron durante este Gobierno se beneficiarían de esta norma.
“Lo que se ha destacado sobre el aumento de funcionarios muestra una diferencia entre quienes se trasladaron, por ejemplo, de los municipios a los servicios educativos o locales de educación. Por lo tanto, aquí es donde se ha argumentado que las cifras son diferentes”, explicó.
Elizalde agregó que “lo que estamos planteando en el marco del acuerdo con la Mesa del Sector Público, a petición de las asociaciones de funcionarios, es que los funcionarios de carrera, y no aquellos con confianza política, reciban una fundamentación en caso de ser desvinculados”.
En relación a la cantidad de funcionarios beneficiados por esta normativa, el ministro del Interior precisó que “al hablar del aumento de funcionarios públicos, incluso se mencionó una cifra tres veces mayor a la que usted ha indicado. Se aclaró que la mayoría de estos eran contrataciones para los servicios de salud, y aquellos transferidos del sector municipal a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) eran, en su mayoría, trabajadores previamente pertenecientes al sector público, pero bajo la dependencia municipal”.
Acusación contra Grau
“Es absurdo, tanto desde un punto de vista jurídico como político, utilizar la amenaza de una Acusación Constitucional en relación a un proyecto de ley. Esto transgrede lo que estipula la Constitución, no se ajusta a los fundamentos requeridos para presentar una acusación constitucional, y simplemente desnaturaliza el propósito de los instrumentos de fiscalización que la Constitución otorga a los parlamentarios”, enfatizó.
Finalmente, señaló que “todos los parlamentarios que tienen conocimiento sobre derecho y que están familiarizados con la Constitución, incluidos algunos de la oposición, han indicado que una acusación de este tipo carece de fundamento”.
Con Información de www.lanacion.cl
