El Tribunal Supremo de Brasil ha decidido no imponer prisión provisional al expresidente Jair Bolsonaro, a pesar de una «irregularidad aislada» relacionada con la prohibición del uso de redes sociales. Esta restricción forma parte de un conjunto de medidas cautelares debido a su supuesta implicación en la financiación de una trama destinada a obstaculizar su proceso judicial por un intento de golpe de Estado desde Estados Unidos.
Tras los argumentos presentados por el equipo legal de Bolsonaro, que afirmaron que no fue él quien accedió ni utilizó sus redes sociales, sino que otros lo hicieron, el juez Alexandre de Moraes ha considerado válidas estas aseveraciones, lo que ha llevado a descartar la posibilidad de encarcelamiento.
No obstante, de Moraes ha advertido que cualquier futura infracción resultará en la conversión inmediata de las medidas cautelares —que incluyen el uso de un dispositivo de monitoreo, la prohibición de acercarse a embajadas y de utilizar redes sociales— en prisión preventiva.
El juez también aclaró a la defensa que Bolsonaro puede conceder entrevistas y participar en actividades políticas; sin embargo, tiene prohibido replicar cualquier contenido relacionado con las declaraciones y acciones que están bajo juicio y que justificaron las medidas cautelares.
Además, se considerará una infracción si se publican mensajes en redes sociales de terceros en «clara coordinación» con Bolsonaro para difundir desinformación.
«No se tolerarán estratagemas para continuar con actividades delictivas, ni la utilización de entrevistas o discursos públicos como ‘material prefabricado’ para publicaciones posteriores en redes sociales de terceros previamente coordinadas», ha explicado el juez, según informa el portal G1.
La Policía realizó un registro en la residencia de Bolsonaro en Brasilia debido a su presunta implicación en la financiación de una campaña en EE. UU. que busca respaldar la imposición de aranceles y sanciones contra autoridades brasileñas, entre ellas jueces del Tribunal Supremo a quienes Estados Unidos ha revocado los visados.
Los investigadores sostienen que Bolsonaro ha facilitado hasta dos millones de reales para llevar a cabo esta campaña a través de su hijo, Eduardo, desde marzo, en apoyo a las mencionadas sanciones, justo cuando el expresidente Donald Trump ha mostrado un interés notable por su situación legal.
Hace unas semanas, la Fiscalía solicitó en sus alegaciones finales en el juicio por el golpe de Estado que se declare culpable a Bolsonaro, lo que podría resultar en penas de prisión de hasta 40 años, así como en su inhabilitación indefinida para acceder a cargos públicos.
Bolsonaro y otros siete individuos son considerados parte fundamental de la supuesta trama golpista que intentó perpetuarlo en el poder tras las elecciones de octubre de 2022. Se les imputa asociación criminal, intento de abolir violentamente el Estado de derecho, golpe de Estado y daños al patrimonio durante las protestas del 8 de enero de 2023 que buscaron tomar las instituciones.
Con Información de www.elperiodista.cl
