La Orden Profesional ha emitido el siguiente comunicado:
“El reportaje de CHV ha expuesto una red de trolls y bots que buscan difundir discursos de odio contra las candidatas presidenciales Jeannette Jara y Evelyn Matthei, involucrando a Patricio Góngora, periodista y exejecutivo de Canal 13, quien recientemente renunció a su cargo. Este caso resalta la necesidad de reflexionar sobre el papel de los periodistas y medios en la era digital, así como su responsabilidad en proporcionar información veraz y ética.
De acuerdo al artículo 1 del Código de Ética del Colegio de Periodistas de Chile, “los periodistas están al servicio de la sociedad, los principios democráticos y los Derechos Humanos”. En este contexto, la función principal del periodista es entregar información precisa, responsable y corroborada, permitiendo a la ciudadanía formarse opiniones fundamentadas y activas. La difusión de desinformación y ataques coordinados contra figuras públicas, como los que se han observado en este caso, no solo infringen este principio, sino que también comprometen la calidad democrática de nuestra sociedad.
El Sindicato de Canal 13 ha condenado lo ocurrido, describiéndolo como terrorismo comunicacional. Este término, que se refiere a la manipulación sistemática de la información para causar daño, desestabilizar y fomentar un clima de odio y polarización, refleja de manera clara los riesgos que tales prácticas presentan para la convivencia social. El terrorismo comunicacional no es solo la propagación de mentiras, sino la creación deliberada de narrativas que pueden dañar reputaciones, provocar conflictos y sembrar desconfianza en los medios y las instituciones. Esta violencia simbólica, que se escuda bajo la “libertad de expresión”, tiene efectos devastadores para la integridad de las personas y la cohesión social.
La propagación de tales prácticas debe ser rechazada enérgicamente, ya que suponen una amenaza no solo para las víctimas directas, sino para el tejido social en su totalidad. Quienes sean responsables de estas acciones deben ser objeto de una investigación judicial, ya que es esencial implementar medidas efectivas para sancionar la violencia comunicacional como corresponde. La libertad de expresión, que debe ser un derecho fundamental, no puede ser utilizada como un pretexto para promover el odio y la desinformación.
El Tribunal de Ética Metropolitano ya está analizando la denuncia presentada contra el periodista implicado, y confiamos en que la Fiscalía de Valparaíso abordará con seriedad los casos de acoso digital. Este acontecimiento debe ser una oportunidad de reflexión colectiva para reafirmar el compromiso con la ética y la transparencia en la labor comunicacional.
Es fundamental que trabajemos en la construcción de un ecosistema comunicacional más saludable y seguro, donde la veracidad y el respeto sean los pilares de nuestra convivencia democrática.
No más desinformación.
No más ataques a la honra de las personas.
Consejo Nacional – 6 de septiembre 2025
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