La Corte de Apelaciones de Antofagasta ha rechazado el recurso presentado por la Fiscalía que solicitaba anular el arresto domiciliario total de la diputada Catalina Pérez y establecer su prisión preventiva. Al igual que el Juzgado de Garantía, la Corte consideró que dicha medida era desproporcionada.
El 12 de mayo pasado, el Juzgado de Garantía de Antofagasta determinó que Pérez debía permanecer bajo arresto domiciliario total y con arraigo nacional, ya que el Ministerio Público la imputa como autora de tres delitos consumados de fraude al Fisco. El tribunal consideró que esta medida era equivalente a la que cumple su expareja, Daniel Andrade. Ambos están sujetos a esta medida en Santiago, pero en diferentes domicilios.
Durante la audiencia de formalización, la jueza Claudia Campusano rechazó la petición de prisión preventiva formulada por la Fiscalía de Antofagasta, considerándola desproporcionada en relación con las medidas que enfrentan otros coimputados por los mismos delitos. Además, estableció un plazo de 45 días para el cierre de la investigación.
“Esta jueza determinó que había suficientes antecedentes que justificaban la existencia del delito en cuestión, concretamente tres delitos de fraude al fisco, y que la imputada tenía un conocimiento claro de que los convenios se suscribían sin que la fundación cumpliera con los requisitos básicos”, se expone en la resolución.
Al evaluar la necesidad de cautela, la jueza Campusano argumentó que “si bien estos delitos pueden conllevar penas de crimen y se consideran un riesgo para la seguridad pública, y dado los antecedentes presentados en audiencia que indican acciones de falsificación de datos para proteger a la fundación, existe el temor de que ella pueda repetir dichas acciones en el futuro, afectando la investigación. Sin embargo, tomando en cuenta los argumentos de la defensa sobre la proporcionalidad de la medida referente a Andrade, esta jueza decidió mantener el arresto domiciliario total para la imputada”.
Según la Fiscalía, la imputada tenía conocimiento del acuerdo firmado entre los coimputados Carlos Contreras, seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, y Daniel Andrade, representante de la fundación Democracia Viva y su pareja en ese entonces, para formalizar tres convenios de manera irregular entre el Minvu y la fundación, destinados a intervenir en obras menores en campamentos de Antofagasta, pero sin llevar a cabo dichas obras.
Los convenios fueron firmados entre septiembre y noviembre de 2022, con transferencias de $200.000.000 el 17 de octubre de 2022; $170.000.000 el 29 de noviembre de 2022; y $56.000.000 transferidos el 19 de diciembre de 2022.
Con Información de www.lanacion.cl