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Esta semana, una situación complicada ha captado la atención en la municipalidad y merece un análisis exhaustivo. Se trata de la investigación en curso de la Contraloría, que aborda diversas denuncias, incluidas aquellas relacionadas con tres destacados funcionarios a honorarios en la administración local. Estos asesores son cercanos al alcalde Sebastián Álvarez, quien se encuentra a las puertas de cumplir su primer año en el cargo tras asumir en diciembre pasado.
El aspecto más crítico de esta situación involucra a Iván Soriano, asesor administrativo, quien supuestamente realiza funciones de jefatura sin poseer el título adecuado y ocupa un cargo ya ocupado por el jefe de Control, Walter Carter. También se menciona a Jefferson Adaro, exjefe de Gabinete y Comunicaciones, quien aparentemente contrató servicios sin la debida autorización. Ambos tienen elevadas remuneraciones para funcionarios a honorarios ($4,5 millones Soriano y $4 millones Adaro, quien luego vio reducida su remuneración a $2,5 millones). El tercer caso es Esteban Backit, asesor en Gestión de Riesgos y Desastres, que actualmente desempeña su función sin contar con un título universitario.
Además, se ha descubierto el pago de un “bono extraño” de $500 mil a los salarios de mayo de estos funcionarios. No ha habido, al menos públicamente, una justificación clara o un procedimiento administrativo específico, especialmente en el caso de Soriano y Adaro. La Contraloría está llevando a cabo la investigación, y será esta entidad la que determine si hay faltas administrativas; sin embargo, es vital que la comunidad esté al tanto de cómo se manejan los recursos públicos.
Más allá de los altos salarios (que podrían estar justificados), resulta difícil entender la necesidad de duplicar funciones que ya estaban cubiertas. También se debe tener en cuenta que algunos exfuncionarios de la administración del exalcalde Carlos Barra podrían necesitar ser readmitidos por la vía judicial, lo que podría suponer un gasto extra para los contribuyentes, afectando las remuneraciones de manera retroactiva. De este modo, podríamos estar hablando de un mayor gasto de fondos públicos que, al igual que muchas crisis anteriores, podría haberse evitado. Esto contrasta con el discurso de austeridad que ha caracterizado a la nueva administración.
Es crucial realizar un análisis detallado de las decisiones tomadas y de las personas que las respaldaron, con el fin de efectuar los ajustes necesarios en una administración que, en tan poco tiempo, ha incurrido en errores evitables de manera continua. Buscando culpables en factores externos o intereses políticos no contribuirá a los procesos de mejora continua prometidos durante la campaña. Todavía hay tiempo para rectificar, pero este es un recurso valioso que se está agotando rápidamente.
Con Información de chilelindo.org
