El Servicio de Impuestos Internos (SII) ha presentado una querella contra el diputado Joaquín Lavín por delitos tributarios.
El SII lo acusa de haber cometido infracciones tributarias que provocaron un perjuicio fiscal cercano a $10 millones.
Según informa 24Horas, la acción legal fue presentada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y se sustenta en diversos trabajos gráficos contratados durante su campaña electoral, los cuales fueron gestionados por Lavín y tres personas de su equipo.
Entre los querellados se encuentra Juan Silva Morales, dueño de las imprentas MMG y Total Print, quien emitió 34 facturas que no fueron pagadas directamente por el diputado, sino a través de fondos públicos de la Corporación Administrativa de la Cámara de Diputados y reembolsos de Servel por publicidad política.
Según el libelo, “los documentos habrían sido elaborados para justificar gastos ante el Congreso Nacional, lo que habría posibilitado obtener pagos de fondos públicos de manera fraudulenta o improcedente, usando asignaciones parlamentarias”.
El SII también incluyó en la querella a Felipe Vásquez Diéguez, un ingeniero informático relacionado con Lavín mediante la plataforma “SocialTazk”, utilizada para el marketing político. La Fiscalía ha corroborado esta relación en investigaciones anteriores. Otro de los implicados es Arnoldo Domínguez Vallejos, exasesor del diputado, señalado por el SII como el vínculo operativo en los hechos imputados.
Este caso se suma a otra querella presentada en mayo por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que acusa a Lavín de malversación de fondos públicos. La investigación, encabezada por la Fiscalía Oriente, incluye también cargos por fraude al fisco, negociación incompatible y tráfico de influencias.
Como resultado, la fiscal Constanza Encina solicitó el desafuero del diputado ante la Corte de Apelaciones de Santiago, imputándole una defraudación que supera los $100 millones, según reveló Informe Especial en julio.
Con la nueva acción del SII, la Fiscalía Oriente ha solicitado ampliar el desafuero para incluir los delitos tributarios. Al mismo tiempo, el organismo fiscalizador ha acusado al parlamentario de haber presentado una declaración de impuestos “maliciosamente falsa” acerca de los ingresos recibidos desde la Cámara de Diputados durante al menos cinco años.
Esta investigación se ha originado como una arista del caso que involucra a la esposa del diputado, la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga. Según datos del Ministerio Público, Barriga habría incurrido en un desfalco generalizado en la administración municipal, con un perjuicio estimado en más de $31 mil millones.
Con Información de www.lanacion.cl
