El Senado de Chile se prepara para votar las controvertidas modificaciones a la Ley Lafkenche (20.249), un proyecto (boletín N°15862-21) presentado en abril de 2023 por un grupo diverso de senadores: Fidel Espinoza (PS), Carlos Kuschel (RN), Gastón Saavedra (PS), David Sandoval (UDI) y el exsenador Álvaro Elizalde (PS). En la última convocatoria a votación, el 9 de julio de 2025, la sesión del Senado se suspendió antes de abordar estas modificaciones, quedando pendiente para una futura cita.
La iniciativa, que sus promotores describen como un esfuerzo por «perfeccionar» los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), ha encontrado resistencia desde comunidades indígenas en Chile. Estas denuncian la falta de una Consulta Indígena y critican el proceso por ser arbitrario, lo que consideran un retroceso en sus derechos.
El objetivo del proyecto es modificar nueve artículos de la Ley Lafkenche, con cambios significativos: la asignación de ECMPO por parte de la Subsecretaría de Pesca (art. 3°), la administración conjunta con pescadores artesanales (art. 5°) y la imposición de plazos estrictos para evaluar solicitudes (arts. 7°-10°).
Según el Observatorio Legislativo para Comunidades Costeras OLMAR – Observatorio Ciudadano, el proyecto busca un «equilibrio» entre los usos consuetudinarios de las comunidades indígenas y las actividades económicas, pero ha generado tensiones con sectores pesqueros y acuícolas por posibles sobreposiciones. En un informe técnico publicado en abril de 2024, se destaca que “los argumentos presentados para las modificaciones carecen de fundamentos sólidos y podrían ser abordados bajo el marco actual de la ley”.
En una actualización de junio de 2025, OLMAR destaca los principales cambios propuestos, incluyendo la exigencia de nuevos requisitos para validar la representación efectiva de comunidades solicitantes, la exclusión de caletas y caladeros de pesca artesanal del alcance de las ECMPO, la limitación del efecto suspensivo de las solicitudes ECMPO a un máximo de dos años, y la eliminación del efecto suspensivo en las renovaciones de Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos. Estos elementos, argumentan, representan «restricciones sustantivas» y vulneran los derechos de los pueblos originarios, tal como se establece en estándares internacionales firmados por Chile.
Los representantes de la Identidad Territorial Lafkenche también han expresado su rechazo a estas modificaciones, afirmando que «repudiamos las afirmaciones de parlamentarios y empresarios que refuerzan estereotipos racistas». En su declaración, citan una editorial de El Mercurio de Valparaíso de 1860 que llamaba a una «campaña contra esa raza soberbia», advirtiendo sobre la persistencia de la estigmatización.
Uno de los puntos más controvertidos es la falta de Consulta Indígena, un requerimiento del Convenio 169 de la OIT. El senador Núñez y el Ejecutivo han reconocido esta falta, pero no se han presentado indicaciones para solucionarla. Las comunidades Mapuche-Lafkenche exigen que se active la Consulta libre, previa e informada, señalando que no fueron invitadas a discutir los «supuestos problemas» de la ley. Además, la minuta de OLMAR señala que el Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas, ha indicado que no se presentarán indicaciones, ya que eso requeriría un proceso de Consulta Indígena.
De acuerdo con información obtenida mediante la Ley de Transparencia, hasta marzo de 2025 solo se aprobaron 28 de 107 solicitudes de ECMPO (7.18% de las 3.000.000 de hectáreas solicitadas). Para junio de 2025, Subpesca reporta 108 trámites activos. Las comunidades sostienen que la lentitud del proceso refleja una falta de voluntad estatal, declarando: “Los ECMPO son espacios de soberanía. No permitiremos que nos los arrebaten” desde Wapintu Quinchao (Chiloé), donde, tras 17 años de la ley 20.249, solo 13 espacios costeros están completamente operativos.
La ley prioriza el uso indígena, pero también permite otros usos autorizados, como la acuicultura. Sin embargo, la industria salmonera y los pescadores artesanales temen restricciones. Las comunidades Lafkenche responden: «No repetiremos la violencia de la ocupación de la tierra. El maritorio no puede convertirse en otro botín». Asimismo, resaltan que la reforma a la Ley de Pesca también los excluyó de las cuotas, lo que agrava las desigualdades históricas.
Si se aprueban las reformas, se introducirá mayor rigor en los ECMPO, pero su legitimidad es cuestionada. Pérsida Cheuquenao, representante Lafkenche, opina: “Nunca nos consultaron. Esta ley es el resultado de nuestro esfuerzo, y no permitiremos que la desmantelen”. El conflicto refleja una deuda histórica en el reconocimiento de derechos ancestrales, sin sucumbir a presiones económicas.
“Debemos señalar que, en la reciente reforma de la Ley de Pesca, nuevamente se ha excluido a todos los pueblos originarios del acceso a un porcentaje de la cuota de pesca. El actual gobierno ha reiterado y ampliado esta exclusión histórica. ¿Qué opciones nos dejan para promover y salvaguardar nuestro desarrollo?”, afirma la Identidad Territorial Lafkenche.
Las comunidades exigen la paralización de la votación hasta asegurar la Consulta Indígena y clarificar los impactos: “Los Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios son un símbolo de soberanía para nuestros pueblos. ¡No a la modificación de la Ley Lafkenche!”, enfatizan desde Chiloé Wapintu Quinchao.
Finalmente, la Identidad Territorial Lafkenche reiteró en su declaración: “Queremos enfatizar que, como organización creadora de la ley en un proceso sin precedentes de entendimiento técnico-político con el Estado de Chile, nunca hemos sido convocados a discutir sobre los problemas que se alegan”.
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