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En Chile, el delito de sabotaje informático relacionado con causas judiciales parece ser completamente impune. La Fiscalía de Alta Complejidad del Ministerio Público, encargada de investigarlos, carece de la competencia técnica necesaria para llevar a cabo sanciones adecuadas, lo que resulta en un abandono casi inevitable de estos casos. Por otro lado, el sistema digital de gestión de causas del Poder Judicial, administrado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), es tan frágil y desorganizado que su manipulación parece un juego de niños, con penas que resultan casi ridículas y escasas consecuencias legales.
Un ejemplo de esta ineficiencia e irresponsabilidad del sistema judicial chileno se evidenció el 22 de mayo en el 2° Juzgado de Garantía de Puente Alto, donde se llevó a cabo un procedimiento abreviado que puso fin a la Causa RIT 3151-2022, RUC 2110050107-1, relacionada con un sabotaje informático que afectó al presidente de la República, Gabriel Boric Font, además del Estado de Chile.
Tras tres años y medio de investigación, el fiscal Milibor Bugueño González, de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, logró reunir pruebas insuficientes. Con la aceptación de responsabilidad de la imputada, que buscaba evitar un juicio oral, se conformó con una condena de 61 días de prisión, que fue suspendida.
Los hechos y la acusación fiscal
La acusación se basó en los siguientes hechos:
El 27 de octubre de 2021, a las 22:05 horas, Carolina del Pilar Roldan Berríos, funcionaria del Juzgado de Garantía de San Bernardo, accedió de manera indebida al sistema informático «Sistema de Gestión Penal» del Poder Judicial usando su computador institucional. Su intención era conocer el contenido de la causa RUC 0500006315-2, RIT 145-2005, del Juzgado de Garantía de Punta Arenas, que trataba un delito de hurto en contra de Gabriel Boric Font, lo cual no le estaba permitido, ya que se encontraba fuera de su ámbito de competencia.
A las 22:14 horas, la imputada alteró maliciosamente los datos, introduciendo un documento que decía: «Por hurto en contra de Boric… averigua».
Se tipificaron los actos como delitos consumados, y se le acusó de ingreso ilícito (art. 2) y alteración de datos (art. 3) conforme a la ley 19.223 sobre delitos informáticos. Se solicitó una pena de 541 días de presidio menor por la infracción del art. 3 y 800 días por la del art. 2, ambas acompañadas de accesorias legales del artículo 30 del Código Penal.
La prueba presentada incluyó declaraciones de testigos, principalmente funcionarios de los juzgados involucrados y del soporte técnico de la CAPJ, además de un informe pericial con imágenes y respuestas documentales del director de la CAPJ, Ricardo Guzmán Sanza, que no lograron aclarar cómo se vulneró el sistema de manera tan sencilla.
El procedimiento abreviado
El 22 de mayo de 2025, ante la posibilidad de que la imputada pudiera ser absuelta, el fiscal Bugueño optó por cerrar el caso mediante un procedimiento abreviado para evitar un juicio oral vergonzoso. La decisión se instauró tras una solicitud de diligencia del abogado defensor para investigar cómo la acusada accedió al sistema, solicitud que fue rechazada.
El abogado defensor argumentó que realizar dicha diligencia era crucial para demostrar la ausencia de delito y la falta de participación de su clienta. Sin embargo, tanto la CAPJ como la Fiscalía se mostraron reacias a colaborar, lo que llevó a que el caso finalizara sin un juicio adecuado. El tribunal, presidido por la jueza Carolina Hernández, emitió un veredicto que pasó desapercibido en la opinión pública, evidenciando la ineficiencia del sistema.
El Poder Judicial y el Ministerio Público no están bajo la supervisión de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), que fue establecida por ley recientemente. Ambos organismos actúan de manera autónoma, y muchos de sus sistemas han sido vulnerados o son insuficientes para abordar los delitos complejos que requieren investigación. Casos como el de Curauma, la insolvencia de Latam y otras situaciones han demostrado que el sabotaje informático es solo un indicio de una omisión crítica de justicia y protección pública.
La gravedad del asunto también afecta la confianza pública en instituciones como la Superintendencia, el SII y la CMF, que son esenciales para la acción judicial. Su inacción, junto con la falta de control efectivo por los tribunales, permite que el crimen organizado encuentre vías de acceso a la inseguridad digital.
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Con Información de desenfoque.cl