Tras un año de confusión, el 13 de marzo de 2025, el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), integrado por cinco ministros de la Corte Suprema, sancionó a Ricardo Guzmán Sanza, director de la CAPJ, con una suspensión de un mes con remuneración por su implicación en la fallida adquisición de 22 coches Lexus ES300h híbridos destinados a los ministros de la Corte Suprema.
La decisión final, que se confirmó por el Pleno de la Corte el 7 de julio, utilizó el inciso 3° del artículo 513 del Código Orgánico de Tribunales, que faculta la destitución de funcionarios de confianza de la CAPJ. Esto permitió que, un año después del escándalo de los Lexus, se pusiera en evidencia la controvertida gestión de Guzmán Sanza en la corporación.
La conocida «operación Lexus», aprobada por el Pleno de la CS el 31 de enero de 2024, se hizo pública a mediados de febrero gracias a informaciones periodísticas y representaba un desembolso de 1.253 millones de pesos en un contexto de grave crisis económica en el país. Este gasto excedía los límites de la autonomía del PJUD y parecía un uso abusivo de fondos destinados a la justicia para la compra de coches de lujo para los ministros.
El caso Lexus reveló un grave error de criterio administrativo en medio de una emergencia fiscal y puso de manifiesto la falta de controles internos en la CAPJ, que gestiona un presupuesto anual superior a los 300.000 millones de pesos. La CAPJ es responsable de la gerencia administrativa, técnica y de recursos humanos del Poder Judicial, lo que explica la cuidadosa actitud de la Corte Suprema al concluir el caso.
Al momento del escándalo Lexus, la reputación de Guzmán Sanza ya había estado marcada por controversias anteriores sin aclaraciones satisfactorias. A lo largo de su gestión, que comenzó formalmente el 20 de octubre de 2015, surgieron al menos tres procesos judiciales de notable relevancia pública que evidenciaron la vulnerabilidad del sistema de seguridad digital y la distribución de causas bajo su responsabilidad en el PJUD: la quiebra de Curauma S.A. en 2013; el proceso de reorganización de LATAM Airlines iniciado en 2020; y el sabotaje informático dirigido al presidente Gabriel Boric en octubre de 2021, cuando él ya era candidato presidencial. Además, se han denunciado irregularidades en salas, licitaciones fallidas y gestiones inmobiliarias que han sido reveladas gradualmente tras el caso Hermosilla.
El lado oculto de la administración en la CAPJ
En el juicio Causa RIT 3151-2022, ante el 2° Juzgado de Garantía de Puente Alto por el delito de sabotaje informático, tras tres años y medio de investigación, el fiscal Milibor Bugueño decidió cerrar el caso mediante un procedimiento abreviado con una condena de 61 días sin antecedentes. Esta decisión se tomó porque no se podía repetir ante el tribunal el procedimiento de sabotaje tal como se había descrito, sin la participación ni operación directa de la CAPJ, solo como observadores. La ambigüedad de los oficios firmados por Guzmán Sanza, que no aportaron claridad ni respaldo técnico a la acusación, llevó al fiscal a aceptar un acuerdo insatisfactorio.
En el caso Curauma, la inmobiliaria de Manuel Cruzat Infante fue declarada en quiebra el 22 de noviembre de 2013, pese a que su domicilio social estaba en Valparaíso. La solicitud de quiebra se basó en una deuda de 80 millones de pesos, mientras los activos de Curauma estaban evaluados por más de 500 millones de dólares, con 2.000 hectáreas de terrenos urbanizables. El proceso legal permitió al principal acreedor, EuroAmerica Seguros de Vida, usar una garantía hipotecaria y adjudicarse los terrenos mediante dación en pago, en condiciones desfavorables con tasas de interés usurarias superiores al límite legal vigente en 2013. Se manipuló el proceso judicial para desplazar la insolvencia a Santiago, lo que evitó la participación de acreedores locales y del Municipio de Valparaíso. Esta manipulación del sistema informático de la CAPJ, dirigida por Guzmán, nunca se clarificó y se describió como un “error inexplicable”.
En la reorganización de LATAM Airlines, que comenzó el 26 de mayo de 2020 en Nueva York, se repitió un patrón similar: los aspectos clave del procedimiento en Chile se resolvieron rápidamente en el 2° Juzgado Civil de Santiago. La CAPJ recibió múltiples solicitudes de transparencia que respondió como en el caso Curauma, omitiendo información importante sobre el algoritmo para la asignación de causas. La situación se traspasó a Estados Unidos, facilitando la reorganización financiera de LATAM en detrimento de acreedores minoritarios.
Ambos casos, Curauma y LATAM, se dirigen al mismo tribunal y los mismos abogados, mostrando decisiones administrativas ambiguas de la CAPJ que favorecieron a grandes actores económicos, sin tutela judicial ni equidad para pequeños acreedores o involucrados en quiebras, lo que constituye una grave violación a la igualdad ante la ley y a la protección de los derechos en un Estado de derecho.
La figura de Guzmán Sanza se transformó en un símbolo de la opacidad de un Poder Judicial en crisis de probidad. En 2016, se enfrentó a cuestionamientos sobre un título académico que utilizaba. En septiembre de ese año, la Universidad de Chile anuló la convalidación de un supuesto doctorado en Administración de Empresas de la Universidad Libre de Bruselas, el cual había presentado fraudulentamente. Esta universidad no existía ni estaba reconocida en Bélgica, según confirmó la Embajada belga en Chile, que señaló que el diploma carecía de respaldo legal. El Ministerio Público no encontró suficientes elementos para procesar por delito, y la Corte Suprema afirmó que desempeñaba bien su labor, a pesar del evidente engaño al Estado para aumentar sus remuneraciones.
La controversia en torno a la frustrada compra de coches de lujo expuso el descontrol en la administración del Poder Judicial. La sanción impuesta a Guzmán en marzo de 2025 y el sumario aún abierto indican que el poder subterráneo de la CAPJ y su impacto institucional van más allá de los 22 vehículos Lexus, y que la tardía decisión de su destitución deja un legado oscuro que aún necesita explicación, más allá de su persona.
Con Información de desenfoque.cl
