El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ha sobreseído de manera definitiva al Presidente Gabriel Boric en relación con la causa que investiga su contratación de un abogado con fondos públicos para su defensa.
Según reportó Radio Biobío, en enero el gobierno contrató a Jonatan Valenzuela Saldías mediante un trato directo por aproximadamente $13.800.000, con el objetivo de que lo representara en el caso de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.
Posteriormente, Raimundo Palamara, el querellante de la causa principal, presentó una nueva acción legal.
Su argumento se basaba en que había malversación, ya que la contratación de un defensor con recursos fiscales solo está permitida cuando los funcionarios son investigados por acciones legales dentro de sus funciones, lo cual, según él, no se aplicaba en este caso.
No obstante, tras ocho meses de investigación, el Ministerio Público solicitó el 2 de septiembre una audiencia para el sobreseimiento definitivo, que se llevó a cabo la mañana de este viernes.
El abogado Jonatan Valenzuela representó al Presidente, y comentó que la defensa apoyó la solicitud de la fiscalía. “Se fundamenta en que no ha existido delito alguno en los hechos presentados en la querella”, afirmó.
El tribunal aceptó la petición, cerrando así el proceso penal contra Boric. La única forma en que podría reabrirse el caso sería a través de un recurso de apelación, algo que el querellante ha manifestado que planea presentar ante la Corte de Santiago.
“Es insólito y establece un mal precedente que un funcionario público investigado por corrupción pueda contratar a su abogado particular con recursos del mismo organismo que presuntamente defraudó”, criticó Palamara.
En la causa principal, el Ministerio Público solicitó el mes pasado la fijación de una audiencia para anunciar su decisión de no seguir adelante con el caso.
La investigación, liderada por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, examinó un posible fraude fiscal relacionado con un contrato de compraventa entre el Estado y la sucesión del presidente Allende, en el que participaban la entonces ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora Isabel Allende.
Después de que el Ministerio Público comunicara al tribunal que no se contaban con evidencias suficientes para presentar una acusación, Palamara amplió la querella por prevaricación administrativa y perjurio contra Gabriel Boric.
El Séptimo Juzgado de Garantía no ha admitido a trámite esta ampliación, en función de la decisión del Ministerio Público y a la espera de la audiencia correspondiente, programada para el 2 de enero.
Con Información de www.lanacion.cl
