Un error en el cálculo de las tarifas eléctricas, resultado de una metodología equivocada implementada desde 2017, pasó desapercibido durante ocho años, afectando el bolsillo de los consumidores. Este desajuste no fue detectado en tres administraciones presidenciales: Bachelet, Piñera y Boric. A pesar de que la ley establece ajustes semestrales para los costos de electricidad, que son analizados y publicados mediante un decreto firmado por el Ministro de Energía «Por Orden del Presidente de la República», nadie se percató del problema.
El asunto salió a la luz con la aprobación de la Resolución Exenta 633, el 14 de octubre, que valida el Estudio Técnico Preliminar de la Comisión Nacional de Energía. Este estudio establece una reducción del 2% en las tarifas a partir del 1 de enero de 2026, para rectificar un error que habría costado a las empresas generadoras unos 120 millones de dólares en ingresos no justificados. Según el diario El Mostrador, fue la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) la que alertó sobre el problema, no la CNE.
Después de conocer esta información, el gobierno solicitó la renuncia del Ministro de Energía, Diego Pardow, y del Secretario Ejecutivo de la CNE, Marco Mancilla. Además, promovió a Álvaro García, del PPD, como biministro de las carteras de Economía y Minería.
García se comprometió a «determinar los canales más efectivos para devolver esos fondos a las familias chilenas» y anunció una «auditoría interna para esclarecer las responsabilidades». Con su experiencia previa como Ministro de Economía, sabe que el Estado carece de las herramientas necesarias para investigar eficazmente las fallas de control. En el caso Inverlink, donde fue implicado penalmente, se logró recuperar menos de la mitad de las pérdidas. Las auditorías internas en el aparato estatal existen como un concepto abstracto, habiendo sido relegadas desde 2003 a un control de cumplimiento de metas para asignar remuneraciones adicionales, bajo la supervisión de la Dipres.
Este nuevo escándalo en el sector eléctrico, más complejo que el anterior que ocurrió antes del estallido social en 2019, trae consigo graves consecuencias administrativas, legales y económicas, dado que el «error» ha repercutido en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y, por ende, en la indexación diaria de la Unidad de Fomento (UF), afectando así el costo de bienes y servicios en el país, desde alimentos hasta transporte.
Aunque el error se origina en el cálculo tarifario eléctrico, sus repercusiones se sienten a lo largo de ocho años e impactan incluso los análisis de inflación del Banco Central. Ocho años son casi 16 ajustes tarifarios, y como en la célebre película de Raúl Ruiz, “Nadie dijo Nada”.
Ni la más creativa obra del Marqués de Sade podría restaurar el valor perdido de los bolsillos de los ciudadanos. Ni siquiera el voto puede cambiar la situación, ya que, tras ocho años, todo sigue igual, aunque bajo diferentes nombres. No obstante, esto no impide que todos los medios de comunicación, incluidos nosotros, hablemos del asunto. Un desenfoque que a veces resulta inevitable.
Con Información de desenfoque.cl
