Por Francisco Martorell, director de El Periodista y EPTV
En Chile, la línea entre la negligencia del Estado y la complicidad institucional se va desdibujando. El reciente informe de la Contraloría General de la República sobre la Dirección General de Crédito Prendario (DICREP), conocida como la Tía Rica, no solo revela una serie de ineficiencias administrativas, sino que también pone de manifiesto cómo el Estado puede convertirse, ya sea por acción o por omisión, en un actor clave en el ciclo de reducción de bienes robados.
Los números son alarmantes. Entre 2023 y 2024, 1.681 personas con antecedentes penales empeñaron bienes por más de $1.500 millones sin que la DICREP verificara la procedencia de los objetos ni los denunciara ante las autoridades. A esto se suma un dato aún más inquietante: usuarios realizaron hasta 230 empeños en un solo año, lo que significa casi un empeño cada día hábil. ¿Se puede atribuir esto a una pobreza transitoria o a una crisis económica puntual?
Lo que la Contraloría expone no es un incidente aislado ni una falla técnica. Es un sistema creado —o tolerado— para ignorar. Ignorar la verdadera identidad de los usuarios. Ignorar la procedencia de los bienes. Ignorar la reiteración sospechosa de las operaciones. Ignorar los antecedentes penales. Ignorar, en definitiva, la evidencia.
La Tía Rica fue concebida con un claro objetivo social: proporcionar crédito a quienes no pueden acceder al sistema financiero formal. Sin embargo, cuando esta función se ejerce sin controles mínimos, el resultado es dañino: el Estado acaba financiando indirectamente el delito, validando la circulación de bienes robados y ofreciendo una salida “legal” al botín de robos y hurto. En otras palabras, el Estado se convierte en el principal reducidor institucional del país.
El informe es contundente: no hay protocolos básicos de verificación, ausencia de sistemas de alerta para operaciones repetidas, y falta de coordinación con las fuerzas policiales, a pesar de que los bienes empeñados contienen información clave —número de serie, modelo, estado— que podría ser crucial para investigaciones criminales. Y lo peor: no se presentaron denuncias. Ninguna. Cero.
No estamos ante un problema de falta de recursos, sino de cultura institucional. Una cultura que elige mirar hacia otro lado. Que se conforma con cumplir trámites en lugar de funciones. Que confunde el rol social del Estado con una especie de impunidad, permitiendo todo en nombre de una mal entendida “ayuda”.
Mientras el discurso público se llena de promesas de lucha contra la delincuencia, en la práctica el Estado, por negligencia, termina facilitando la economía del delito. Se persigue al delincuente en la calle, pero se le abre la puerta en la ventanilla pública. Se habla de seguridad, pero se gestiona el descontrol.
La Contraloría ha tomado las medidas pertinentes: iniciar sumarios, remitir antecedentes al Ministerio Público y ordenar el fortalecimiento de los controles. Pero el problema es más profundo que una mera sanción administrativa. Es político, estructural y ético. Porque cuando el Estado decide no controlar, deja de ser garante del orden y se convierte en parte del problema.
La pregunta incómoda, pero inevitable, es: ¿cuántos robos, asaltos y delitos contra personas y comercios fueron posibles porque había una certeza de que la Tía Rica recibiría los bienes sin hacer demasiadas preguntas? Tal vez cuando tengamos esa respuesta, entendamos que la negligencia estatal también puede ser una forma de violencia.
Y que, a veces, el principal reducidor opera no en la clandestinidad, sino bajo un logo institucional y con horario de oficina.
Con Información de www.elperiodista.cl
