La desaparición de casi 600 kilómetros de líneas eléctricas ha afectado a hogares, escuelas, centros de salud y servicios esenciales. El gremio de distribuidoras de electricidad hace un llamado a poner fin a este delito, que pone en riesgo vidas y compromete la estabilidad y seguridad del suministro eléctrico a nivel nacional.
El robo de cables eléctricos se ha consolidado en 2024 como una de las principales amenazas para el suministro eléctrico a los hogares chilenos. Según estadísticas de Empresas Eléctricas AG, el año pasado se reportaron cerca de 1.200 casos de robo de cables a nivel nacional, lo que resultó en interrupciones del servicio para más de 541 mil clientes.
Este delito ha alcanzado niveles alarmantes: en 2024 se han sustraído aproximadamente 590 kilómetros de líneas eléctricas, lo equivalente a la distancia entre la Región Metropolitana y la Región de La Araucanía, manteniendo así los altos índices de 2023.
“Estamos enfrentando un fenómeno criminal de gran impacto que afecta hogares, centros de salud, escuelas, sistemas de agua potable y otros servicios críticos, vulnerando el acceso a un servicio esencial y poniendo en peligro la vida de trabajadores, vecinos y de quienes cometen estos delitos”, declaró Juan Meriches, director ejecutivo de Empresas Eléctricas AG.
De acuerdo con las estadísticas del gremio, en los últimos cuatro años se han documentado más de 5.800 incidentes de robo de cable, que han resultado en la sustracción de casi 1.900 kilómetros de conductores eléctricos.
Durante 2024, las compañías distribuidoras representadas en el gremio presentaron 546 querellas y denuncias, reafirmando su compromiso con la persecución legal de estos delitos. Sin embargo, el gremio destaca la urgente necesidad de avanzar en políticas públicas y medidas legislativas que fortalezcan la lucha contra este delito y aborden el problema desde su raíz: el comercio ilegal e informal de cobre robado.
“En el Congreso se están discutiendo proyectos clave para combatir este delito. Hacemos un llamado a que estas iniciativas avancen con rapidez. Es fundamental contar con herramientas más efectivas para sancionar y prevenir estos delitos, que amenazan la seguridad de las personas y el funcionamiento de infraestructuras críticas del país”, añadió Meriches.
Desde el gremio, se exhorta a la ciudadanía a denunciar estas prácticas delictivas y a las autoridades a reforzar las medidas de control, fiscalización y sanción. “La protección de la continuidad y seguridad del suministro eléctrico para los hogares es una responsabilidad compartida. Requiere coordinación entre el sector público y privado, un compromiso sostenido y decisiones firmes que desincentiven estos delitos que atentan contra el bienestar colectivo”, concluyó el director ejecutivo de Empresas Eléctricas AG.
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