“Las palabras pueden funcionar como pequeñas dosis de veneno; se ingieren sin darse cuenta. Lucen inofensivas y, más tarde, el efecto se hace sentir”, expresó Víctor Klemperer en 1947 al reflexionar sobre el nazismo en Alemania.
En Chile, el lenguaje político está saturado de etiquetas como “traidores”, “violentos”, “corruptos”, “radicales” y “extremos”. En lugar de fomentar el diálogo, los discursos parecen destinados a dividir y desacreditar, sumiendo a la ciudadanía en la desconfianza y el temor, donde las sutilezas propias de una sociedad democrática desaparecen. Aunque no se note a diario, este fenómeno va socavando la convivencia democrática y, lo más preocupante, se va normalizando.
Este lenguaje dañino tiene un impacto devastador: la población comienza a aplaudir la “mano dura”, aún sin comprender su significado real. El diálogo y la participación ciudadana se ven como amenazas a la estabilidad, y esta última es exaltada. Surge así una narrativa que se presenta como consenso, cuando en realidad se basa en miedo y resignación.
Lo que observamos en el siglo XXI es que las democracias no colapsan de manera abrupta, sino que se desvanecen lentamente. Aquí, el lenguaje juega un papel crucial: moldea percepciones, normaliza arbitrariedades y convierte la pérdida de libertades en un hecho de renovación. Palabra tras palabra, se adormece a la ciudadanía, que deja de confiar en lo que escucha.
El país avanza en esta dirección, pero aún hay tiempo para cambiar el rumbo si nos atrevemos a romper el silencio y denunciar el deterioro del Estado de Derecho. El uso de este lenguaje tóxico tiene efectos desestabilizadores. Necesitamos recuperar la institucionalidad, la razón y el respeto, pues en la política no todo es aceptable para alcanzar el poder.
La estabilidad no se logra mediante la victoria de un extremo sobre otro, sino a través de un verdadero Estado de Derecho. El problema es que parece que este no se aplica con la misma rigidez a aquellos que detentan el poder. No obstante, hay signos de que la institucionalidad está mejorando: la reciente destitución de Verónica Sabaj, ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago; el desafuero de diputados como Mauricio Ojeda, Francisco Pulgar y Catalina Pérez; las investigaciones sobre abogados y empresarios relevantes; así como el encarcelamiento de líderes de organizaciones criminales, son ejemplos que muestran que las instituciones pueden alcanzar a quienes parecían intocables. Estos hechos, lejos de debilitar la democracia, la fortalecen al reafirmar que nadie está por encima de la ley.
Defender la democracia y las libertades implica tener el valor de alzar la voz, incluso frente a una narrativa que intenta silenciarla. Cada vez que alguien se atreve a disentir, a denunciar lo que otros callan, a llamar injusticia a la injusticia y mentir a la mentira, se crea un respiro en medio de la asfixia discursiva. Reconocer los avances, por pequeños que sean, es un paso en la dirección correcta.
La democracia se ve amenazada por el lenguaje tóxico y el silencio de los ciudadanos, pero puede ser revitalizada por una palabra valiente y un diálogo abierto. No es tarea de héroes solitarios, sino de comunidades que se organizan y hablan en plural. En la medida en que nos atrevamos a utilizar las palabras para construir, escuchar y disentir, siempre habrá un futuro para nuestras democracias.
Con Información de www.elperiodista.cl
