Economista, Instituto Igualdad
Si la opinión de la tecnocracia y del empresariado sigue prevaleciendo en el ámbito económico, será difícil revertir la tendencia que favorece al capital, considerado por ellos como el motor del crecimiento y la única forma de garantizar empleo y, potencialmente, aumentos salariales derivados de una mayor productividad.
Es fundamental considerar la dimensión política, sin dejar de lado los aportes de las ciencias sociales. Una de las señales más relevantes para los empresarios es la política salarial del gobierno, cuyo impacto se agudiza especialmente durante los periodos electorales.
Existe una tensión constante entre los intereses del empresariado, que busca maximizar sus rentas, y los trabajadores, que luchan por salarios dignos. Esta dinámica depende de un contrato social que define el mínimo que puede recibir un trabajador como remuneración, donde sindicatos y empresas son clave en la negociación.
Sin embargo, a medida que un trabajador necesita más calificación para desempeñar su labor, su remuneración debería aumentar proporcionalmente. Sin embargo, históricamente, los incrementos en productividad no han conducido automáticamente a mejoras salariales.
Por ende, la política salarial del gobierno definirá, en última instancia, la relación entre las rentas de los empresarios y los trabajadores, considerando el salario mínimo y su relación con la productividad laboral.
Si el Banco Central (BC) se pronuncia sobre lo que ganan o pierden distintos sectores, se involucra en un debate político al asumir que su opinión está por encima de la política. La distribución de recursos es una responsabilidad de los ciudadanos a través de sus instituciones, como el gobierno y el parlamento.
La falta de capacitación laboral enfocada en los sectores en crecimiento limita la productividad. A pesar de ser un aspecto evidente, la coordinación entre la política pública y el sector empresarial para crear sinergias ha sido complicada.
La baja cualificación de los trabajadores los empuja hacia el empleo informal o el trabajo autónomo. Este desafío refleja la falta de una política integral que ofrezca formación laboral accesible y sin costo para el trabajador.
La desigualdad de oportunidades puede mitigarse mediante la formación continua, especialmente para los jóvenes que finalizan la educación media sin habilidades específicas. Deberían recibir una formación técnica que les permita acceder a mejores empleos desde temprano.
Es importante resaltar que los estudios indican que el aumento del salario mínimo tiene un mayor impacto en los trabajadores menos calificados, afectando en mayor medida a los jóvenes. Card y Krueger fueron galardonados con el Nobel por un estudio en EE.UU. que demostró que el efecto del aumento del salario mínimo sobre el empleo no es significativo. De igual forma, la inmigración no influye de manera relevante en la disponibilidad de empleo, y estudios de la Cepal de 2023 muestran que la fuerza laboral migrante ha contribuido al crecimiento del PIB en Chile.
La discusión sobre si el BC debería analizar las variaciones salariales y su efecto en la economía no parece aportar mucho, especialmente en un contexto donde Chile es el país de la OCDE con mayor desigualdad de oportunidades. Esperemos que los informes técnicos de entidades públicas y privadas generen ideas para mejorar la calidad de vida y la situación laboral de la población, sin generar controversias innecesarias sobre su pertinencia. También es crucial evaluar la validez de dichos estudios y la responsabilidad de quienes deben actuar sobre estos temas.
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