El Gobierno está preparando la documentación que tiene la intención de presentar ante la Corte Penal Internacional (CPI), la cual vincularía al ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, con el secuestro y posterior asesinato del exteniente y opositor al régimen de Nicolás Maduro, Ronald Ojeda.
Según informa este viernes La Tercera, las carpetas que se están elaborando para su envío a la Corte Internacional se encuentran en las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente en la Dirección General de Asuntos Jurídicos, bajo la supervisión del abogado Claudio Troncoso Repetto.
Además de confirmar dicha información, desde la Cancillería recordaron que “el 27 de septiembre de 2018, seis Estados parte del Estatuto de Roma, entre ellos Chile, remitieron un documento a la Oficina del fiscal solicitando la investigación de crímenes de lesa humanidad presuntamente perpetrados en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014.”
Por esta razón, explican que “si se confirma la implicación de Diosdado Cabello en el caso de Ojeda, esta información podría ser relevante para la investigación ya en curso sobre crímenes de lesa humanidad ante la CPI.”
Aunque el Gobierno no ha hecho comentarios directos sobre la presentación de la información en la Corte Internacional, el jueves la ministra del Interior, Carolina Tohá, mencionó que “habrá novedades más precisas durante el mes” y adelantó que “hemos estado coordinando con la Cancillería y con la Fiscalía; ya está definido que compartiremos la información general de esta investigación con el Tribunal Penal Internacional.”
El pasado miércoles, la Fiscalía presentó ante el 11° Juzgado de Garantía de Santiago el testimonio de un testigo protegido, quien declaró que el propio Diosdado Cabello ordenó el secuestro de Ronald Ojeda: “José Valverde me dijo que Diosdado Cabello, un político venezolano, dio la instrucción de realizar el secuestro a través del Niño Guerrero, pagando a través de él, dado que el militar no estaba relacionado con delitos como drogas o armas.”
La Corte Penal Internacional tiene un extenso historial de órdenes de arresto contra figuras que encabezan o forman parte de determinados regímenes, aunque no siempre se llevan a cabo. Por ejemplo, en noviembre de 2024, se emitió una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad durante el conflicto con Hamas, una orden que no se ejecutó.
Para remitir antecedentes a esta instancia, Chile firmó el Estatuto de Roma de la CPI, al igual que Venezuela. Este estatuto establece que “la competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves que tengan trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto.”
Los crímenes considerados son cuatro: genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. Por ello, existen dudas sobre si la vinculación de Cabello en el asesinato de Ojeda sería suficiente para que la organización internacional actúe. Además, expertos en la materia cuestionan que el Ejecutivo hable de “recurrir” a la instancia cuando solo tiene la facultad de remitir antecedentes.
Con Información de www.lanacion.cl