La Corte de Apelaciones de Santiago ha impuesto al Estado la obligación de indemnizar con $100.000.000 a una víctima de la dictadura de Augusto Pinochet, quien fue detenida por agentes gubernamentales y llevada a la Base Naval de Talcahuano, donde sufrió violaciones y torturas por parte de sus captores.
En una decisión unánime (causa rol 593-2024), la Novena Sala del tribunal, compuesta por los ministros José Pablo Rodríguez Moreno, Fernando Valderrama Martínez y el abogado (i) Jorge Gómez Oyarzo, desechó las excepciones de cosa juzgada, prescripción y reparación integral que presentó el Estado, al determinar que la demandante fue víctima de un crimen de lesa humanidad, el cual es imprescriptible tanto en el ámbito penal como civil.
«No era una película, era mi vida»
Para determinar el monto de la indemnización, la Corte consideró que el Estado de Chile no disputó los hechos expuestos en la demanda, lo que permite aceptar que C.T.C.S. está en la lista de víctimas de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech.
Los antecedentes indican que desde 1973 fue detenida en varias ocasiones, durante las cuales fue llevada a la comisaría para ser interrogada sobre el paradero de su pareja R.A.
En febrero de 1975, «fue arrestada en la ciudad de Lebu por agentes de la DINA, donde nuevamente fue interrogada sobre su pareja y llevada a la Base Naval de Talcahuano. Allí fue forzada a observar simulacros de fusilamientos, torturas a otros prisioneros políticos y fue sometida a diversos abusos, incluyendo violaciones», señala el fallo.
En palabras de la víctima: «La primera vez me golpearon la cara y empecé a llorar, y uno de ellos hizo un gesto de contención, me tiró al suelo y comenzó a desvestirme. Me violó. Después de eso dijo ‘ahora te toca a ti’. Pensé que era otro de los torturadores. Este recuerdo ha sido muy difícil de sanar, lo recuerdo hasta hoy. No pude contárselo a nadie en 46 años. En 2021 finalmente le conté a mi hija que había sido violada, sin entrar en detalles, por lo doloroso que sigue siendo para mí… La segunda vez que sufrí violencia sexual fue en el baño o camarines del gimnasio.»
«Debíamos gritar ‘señor, señor, quiero ir al baño’ cada vez que necesitábamos ir. En una ocasión, estaba sin pantalones en la taza del baño y un hombre entró violentamente, me tomó y procedió a violarme. Me tapó la boca con fuerza para que no gritará. Esto pareció durar mucho tiempo, al menos esa fue mi sensación. Desde entonces, durante mi cautiverio, tener que ir al baño se convirtió en mi gran temor. Siempre eran funcionarios hombres, nunca vi a mujeres uniformadas», agregó.
C.T.C.S. estuvo detenida aproximadamente dieciséis días y fue liberada en la ciudad de Concepción. En junio de 1976 se exilió con su pareja en Bélgica y regresó a Chile varios años después.
En la sentencia del tribunal, la víctima mencionó las profundas cicatrices que dejaron en su memoria todos los abusos, violaciones y torturas sufridos en la Base Naval de Talcahuano:
«Siempre mi dolor fue estar lejos de mi familia, de mis padres y hermanos, desarraigada de mi país y sus costumbres. Siempre escuchando noticias de Chile y atenta a lo que sucedía aquí. La tristeza de estar lejos de mi familia y no estar en mi país, llevando las secuelas de la tortura», indicó.
Recordó un episodio en el que, estando embarazada de su hija y con sensibilidad a los olores, su pareja usó un perfume que identificó de inmediato como el mismo olor de uno de sus torturadores.
«Siempre contaba lo que me ocurrió como si fuera una historia de un libro o una película que vi, hasta que se realizó la reconstitución de escena en la base naval y conocí el lugar donde estuve detenida. Fui con algunos compañeros, no muy convencida y con miedo, los seguí. Cuando estuve fuera de los camarines y vi el piso, cerámica blanca y negra, pude confirmar en mi mente que había estado allí; no pude avanzar porque reconocí el lugar donde fui torturada y corrí a refugiarme junto al ministro Aldana. Al llegar a mi trabajo en la I. Municipalidad de Lebu, al día siguiente de la reconstitución, me derrumbé. Lloré y grité porque entendí que no era un libro, no era una película, era mi vida y yo había estado allí», relató C.T.C.S. con profundas emociones al describir la crueldad sufrida durante su detención y tortura en plena dictadura de Pinochet.
El Estado debe indemnizar a una víctima de la dictadura
El tribunal de alzada argumentó que: “(…) este caso es uno de aquellos en los que ‘el daño moral es tan evidente y perceptible en la víctima que resulta completamente razonable presumirlo’. Se trata de una mujer joven que pasó aproximadamente dieciséis días privada de libertad de forma ilegal, sometida a crueles sufrimientos físicos y psicológicos –siendo violada en múltiples ocasiones– situación que tuvo repercusiones graves no solo para ella, sino también para su grupo familiar, que quedó profundamente afectado por lo vivido, incluyendo el exilio que debió afrontar junto a su pareja, quien también fue detenida y torturada.”
“Tales hechos –agregó el tribunal– son el resultado de la acción coercitiva de agentes del Estado, que abusaron de su posición de poder y causaron en la víctima una sensación de vulnerabilidad y despojo persistente, que no puede ser considerada inerte o sin carga emocional. Estos elementos son claramente indicativos de una auténtica tragedia personal y familiar. Por lo tanto, en virtud de los artículos 426 del Código de Procedimiento Civil y 1712 del Código Civil, se presume que la demandante sufrió un daño significativo en su esfera inmaterial”, indicó la resolución.
“No podría concluirse de otra manera, dado que el Estado de Chile ha reconocido oficialmente a la demandante como víctima de la dictadura, como señala la Comisión Valech, y, junto con los otros antecedentes presentados en el proceso, especialmente el hecho de que estos hechos no fueron impugnados durante el juicio en cuanto a su ocurrencia, solo se puede dar por cierta la versión de la actora. En relación al daño moral invocado, debe considerarse grave y serio, no esperándose otra cosa”, concluyó el fallo.
Por lo tanto, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió que:
“I.- Se rechazan las excepciones de cosa juzgada, prescripción y reparación integral opuestas por el Fisco de Chile.
II.- Se acoge, sin costas, la demanda presentada por don Nelson Caucoto Pereira, abogado, en representación de doña C.T.C.S., condenando al Fisco de Chile al pago de $100.000.000 (cien millones de pesos) como indemnización por daño moral, además de los reajustes e intereses establecidos en el considerando vigésimo tercero de esta sentencia.”
Con Información de www.elciudadano.com