El Estado ha asumido un papel de observador

La abogada Jeanette Bruna, quien representa a la familia del empresario Alejandro Correa -asesinado en 2020 tras denunciar la ocupación ilegal de su terreno en Quilpué-, puso en duda el papel del Estado frente a la usurpación y el inminente proceso de demolición de las viviendas construidas en esa área.

En una entrevista con Radio Cooperativa, Bruna afirmó que “el Estado no cuenta con un programa y está atrasado desde hace tiempo en la implementación de protocolos para prevenir ocupaciones y para desalojarlas desde el principio. Se ha convertido en un Estado fallido en relación con la usurpación de terrenos y el desarrollo urbano, ya que ha adoptado una posición pasiva.”

Después de más de cinco años de espera, esta semana se adjudicó a la empresa Río Grande la tarea de llevar a cabo la demolición del terreno en Quilpué. El contrato ya ha sido firmado y, según el calendario previsto, la entrega del terreno podría realizarse el próximo lunes 29 de septiembre, según informó la abogada.

En cuanto a la polémica sobre si se trata de un “desalojo” o una “demolición”, la abogada aclaró que la resolución emitida por la Seremi de Vivienda en 2021 estipula una demolición con fuerza pública, lo que implica el desalojo de las familias que aún habitan en el lugar. “Es una sanción administrativa mucho más severa que un simple desalojo”, enfatizó.

Simultáneamente, Bruna ha solicitado una audiencia con el fiscal nacional -por medio de la Ley de Lobby- con el propósito de designar a un fiscal exclusivo o instruir a Carabineros para aplicar la Ley de Usurpaciones en caso de resistencia por parte de las aproximadamente 120 familias identificadas. “No deseamos confrontaciones, pero buscamos que se cumpla la ley. El delito de flagrancia se configura si las personas permanecen en el lugar”, argumentó.

Como parte de las medidas preventivas, la familia Correa está considerando invertir en un cerco perimetral para evitar nuevas ocupaciones. Además, no descartan la posibilidad de ceder temporalmente el terreno en comodato a la Municipalidad de Quilpué, con fines sociales o incluso para la instalación de un cuartel policial.

Con Información de www.lanacion.cl

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