Hasta el momento, no se ha filtrado información del proceso reservado realizado en la Región de Los Ríos sobre la desaparición de la dirigente mapuche Julia Chuñil, ocurrida el 8 de noviembre de 2024, que vincule al empresario forestal Juan Carlos Morstadt Anwandter. Este empresario fue señalado por la familia de Julia como un posible sospechoso, debido a las numerosas amenazas que había dirigido a la madre de la dirigente, instándola a abandonar la propiedad. “Si me pasa algo, ustedes saben quién fue”, advirtió la dirigente a su familia en un contexto complicado donde Morstadt habría declarado que era inútil que Julia se dirigiera a la CONADI o a la fiscalía de Los Lagos, ya que él mantendría amistades en esas instituciones.
No se sabe si la Fiscalía ha indagado sobre varias filtraciones que se produjeron cuando el fiscal Carlos Maldonado se retiró del caso para tomar vacaciones, cediendo el mando a la fiscal Claudia Baeza (de Los Lagos), lo que prolongó el secreto del caso. Esta fiscal también condicionó la audiencia solicitada por los hijos de la desaparecida a la presencia de un abogado, provocando así un retraso en las diligencias de búsqueda.
Según datos de CONADI obtenidos a través de transparencia por esta periodista, el empresario Morstadt, que es el propietario legal de las tierras que Julia Chuñil trató de recuperar, tiene una deuda total con CONADI por el valor del predio que reivindica como ancestral. Este territorio, conocido legalmente como Reserva Cora 1 A de la Parcelación del fundo Los Ciruelos, fue parte de un vasto latifundio expropiado durante la Reforma Agraria en beneficio de campesinos mapuche durante el gobierno del presidente Allende, pero posteriormente volvió a manos de diversos latifundistas tras el golpe de Estado. En 2013, CONADI adquirió esta tierra a Morstadt Anwandter, que proviene de una familia de ex colonos.
Iván Catalino Carilao Ñanco, director (s) de CONADI, afirmó: “En respuesta a su solicitud, informo que el Sr. Juan Morstadt Anwandter no ha realizado ningún pago, ni siquiera parcial, de la cantidad adeudada.” Este comunicado, Folio N°AI002T0013894, destaca que la Corporación inició dos acciones legales por morosidad sin lograr resultados: Rol C-226-2013 (en el Juzgado de Letras de Los Lagos) y Rol C-4166-2017 (en el Segundo Juzgado Civil de Temuco). También se mencionan “dos causas penales en proceso, gestionadas por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), aunque hasta ahora no se han obtenido resultados”. No se pudo acceder a más información porque los roles son considerados causas reservadas. La respuesta del Consejo de Defensa del Estado aún está pendiente.
Una oscura relación entre CONADI y el empresario
En 2011, CONADI pagó a Morstadt un total de $1.114.250.000 por 843 hectáreas correspondientes a la Reserva Cora N°1 A, que se entregaron a la comunidad mapuche Blanco Lepin, ubicada en Lautaro (región de la Araucanía), como se mencionó en un artículo publicado por Resumen el 14 de diciembre de 2024.
En 2013, esa comunidad devolvió la tierra y demandó a CONADI y al empresario por incumplimiento de las condiciones acordadas: el predio no fue cercado, lo cual era un requisito esencial para la compra, entre otros aspectos críticos, y Morstadt retuvo los derechos de agua.
En 2014, a través de un acta, CONADI reconoció la recientemente constituida comunidad Putreguel, presidida por Julia Chuñil.
En 2015, ella y su comunidad ocuparon el predio que había sido abandonado por la comunidad Blanco Lepin, que se consideraba completamente ajena a ese territorio. En ese contexto, la presidenta de la comunidad comenzó a cuidar activamente del bosque nativo y de las aguas que atraviesan ese terreno.
En junio de 2017, la Corte Suprema resolvió el juicio antes mencionado, reafirmando la decisión de la Corte de Apelaciones de Valdivia y ordenando a Juan Carlos Morstadt Anwandter devolver a CONADI la suma total por el predio en cuestión, el cual regresaba a su poder. CONADI nunca informó a la comunidad Putreguel sobre la decisión de la Corte Suprema.
En 2018, comenzaron las amenazas del empresario, instando a todos los miembros de la comunidad a abandonar esas tierras.
En 2022, Morstadt Anwandter inscribió nuevamente el terreno en el conservador de Bienes Raíces de Los Lagos, fraccionado bajo el nombre de la Sociedad Agrícola Ganadera y Forestal Collilelfu, a la que pertenece, sin haber saldado su deuda con CONADI. Comenzó a intentar talar el bosque nativo.
¿Inocentes, sospechosos o sicarios?
De acuerdo con El Ciudadano (edición del 16 de marzo de 2025), se investigó a José y Segundo Huenulaf, vecinos de Julia Chuñil y ex trabajadores de Juan Carlos Morstadt Anwandter. En la demanda presentada por la Fundación Escazú, se les señala como responsables de haber cortado un camino que perjudicó a Julia Chuñil, tarea por la que supuestamente el empresario les había pagado. La querella detalla que el empresario presionaba a la dirigenta porque era “la única que faltaba” para satisfacer sus requerimientos.
El reportaje menciona que el GOPE (de Carabineros) realizó una excavación el 19 de diciembre de 2024 en la propiedad de Segundo Huenulaf, más de un mes después de la desaparición de la dirigente mapuche. En una fosa de un metro y medio de largo, encontraron enterrado un ternero muerto, envuelto en plástico, lo que resultó llamativo, ya que había otros restos de animales esparcidos por el terreno sin enterrar. Segundo Huenulaf declaró a El Ciudadano: “Decían que yo tenía a la Sra. Julia enterrada debajo de ese ternero, pero ellos excavaron ahí después, y no encontraron nada.” Por teléfono, su hijo José añadió: “Si se dijera lo que realmente hay que decir, no me estarían llamando a mí.”
Las filtraciones del proceso, difundidas por medios de comunicación que han censurado el caso, ahora apuntan hacia un miembro de la familia, cuya casa ha sido allanada en siete ocasiones de manera violenta. Desde el espacio virtual Día a Día por Julia Chuñil y otros grupos activados por el caso, el apoyo a la familia ha sido contundente.
Juana Aguilera, presidenta de la Comisión Ética Contra la Tortura, expresa: “Creo que hay una tendencia a responsabilizar a una familia por la desaparición de su madre. Todos sabemos que aquellos que tienen un familiar desaparecido pasan por un proceso similar al de la tortura. A hijos, yernos, nueras y nietos se les ha sometido a este sufrimiento durante más de cuatro meses. Esto les hace daño, porque no saben qué ocurrió, no hay un cuerpo que sirva como prueba, mantienen esperanzas, y la investigación es secreta. Se está produciendo un amedrentamiento no solo hacia la familia, sino también a quienes luchan por la justicia y a todos aquellos que defienden el agua y los bosques. Escazú ya lo mencionó en su informe de 2024 sobre la situación de los defensores ambientales, advirtiendo que el 91,3 % de los casos de violencia física están relacionados con el sector forestal, siendo las regiones de BíoBío y Los Lagos las más afectadas.”
Secretos de fiscales
El secretismo genera una legítima desconfianza hacia las fiscalías en general. En casos públicos que involucran a posibles sospechosos “de cuello y corbata”, los fiscales de la zona sur suelen optar por el silencio para encubrir la falta de interés en investigar a esos implicados. Efectivamente, en la causa por la desaparición y posible secuestro de Julia Chuñil, la Fundación Escazú presentó una querella para ejercer su derecho a acceder a la carpeta investigativa.
Recientemente, la Corte Suprema ordenó a la Fiscal de Los Ríos, Tatiana Esquivel, quien tiene a su cargo el caso de Julia Chuñil, levantar el secreto que rodeaba la investigación de otro caso: el secuestro del niño Tomás, asesinado en 2021 en Caripilún, un sector rural de la comuna de Arauco. Hasta el momento no ha habido avances. Esquivel mantuvo la investigación en secreto y solo ahora el defensor público del abuelo, un familiar al que quieren inculpar, podrá conocer las acusaciones. Todo esto a pesar de que la Fiscalía de BíoBío había cerrado en 2023 la causa por homicidio contra el abuelo por falta de pruebas. La madre del niño, Estefanía Gutiérrez, sigue clamando por justicia y nunca ha creído en la culpabilidad del perseguido por las autoridades, quien lleva embicido durante cuatro años por abandono y se enfrentarán a un juicio en mayo en BíoBío.
En noviembre de 2023, Tatiana Esquivel asumió este caso en reemplazo de la fiscal Marcela Cartagena (BíoBío), quien solo quedó con la cuestión de “abandono”. La Corte Suprema rechazó en mayo de 2023 una solicitud de remoción de Cartagena presentada por un grupo de diputados. A más de cuatro años de este escalofriante crimen, la impunidad persiste.
Justicia patriarcal
Julia Chuñil era una mujer, mapuche y campesina, y tenía 72 años al momento de su desaparición. Su vida y su historia hasta el 8 de noviembre de 2024 han estado marcadas por la violencia racista, de género y de clase, a la que se le ha sumado en los últimos años la violencia extractivista. En la actualidad, el destino de esta defensora de bosques y aguas de su territorio ancestral se encuentra en manos de una justicia patriarcal.
¿Marcarán la diferencia dos fiscales mujeres, Claudia Baeza y Tatiana Esquivel, y empezarán a escuchar el clamor de una familia trabajadora? ¿Dónde está la perspectiva de género en este proceso? El informe de Escazú 2024 destaca que la mayoría de las víctimas de violencia forestal son mujeres.
¿Optarán las fiscales por acusar a sicarios o irán tras los verdaderos culpables?
¿Alguna vez sabremos dónde está Julia Chuñil?
Las respuestas podrían llegar en los próximos días con la prometida apertura de la carpeta investigativa.
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