Con el objetivo de lograr un 80% de generación eléctrica a partir de fuentes renovables para 2030, Chile avanza en el fortalecimiento de su matriz energética y en la construcción de una transición justa. Este proceso está diseñado para beneficiar tanto a los grandes generadores como a los pequeños medios de generación distribuida (PMGD), así como a los consumidores finales, en un entorno competitivo y equilibrado. La meta es clara: facilitar que las energías limpias lideren esta transformación sin afectar a las empresas comprometidas con la sostenibilidad, atrayendo inversiones, reduciendo los costos de electricidad y acelerando la descarbonización del sistema energético.
En una entrevista exclusiva con Review Energy, Rafael Loyola Domínguez, director ejecutivo de la Asociación de Generación Renovable (AGR) de Chile, discute los principales retos que enfrenta el sector para alcanzar estas metas. Desde la necesidad de establecer marcos regulatorios justos hasta la importancia de fomentar relaciones positivas con las comunidades locales, Loyola presenta una visión estratégica para avanzar hacia una transición energética que sea ambientalmente responsable, socialmente aceptada y económicamente viable para todos los actores involucrados.
Review Energy (R.E.): ¿Por qué el precio de la energía más barata no se refleja en las cuentas de los consumidores?
Rafael Loyola Domínguez (R.L.D.): El problema principal radica en que el diseño actual del sistema eléctrico no permite que el bajo costo de la energía renovable se refleje en las facturas de los hogares. Las tarifas están ligadas a contratos antiguos, cuyos costos muchas veces corresponden a tecnologías fósiles costosas, como el diésel. Además, las energías renovables deben asumir el subsidio a los PMGD y otras distorsiones estructurales que afectan el precio final de la energía.
R.E.: ¿Qué obstáculos impiden que los generadores renovables compitan en igualdad de condiciones?
R.L.D.: Los principales desafíos son de carácter normativo. En Chile, las energías renovables más eficientes enfrentan desventajas en dos aspectos: primero, en comparación con otras renovables de menor escala (PMGD), que cuentan con un marco regulatorio que les permite aprender un subsidio que su competencia y los clientes pagan como costo sistémico; y segundo, por el funcionamiento no competitivo de unidades térmicas, que son despachadas fuera del mérito económico mediante “mínimos técnicos” u otros mecanismos. Estas prácticas deprimen artificialmente el costo marginal, afectando a las energías renovables y beneficiando a las unidades térmicas.
R.E.: ¿Qué consecuencias tiene el vertimiento por congestión y qué soluciones son necesarias?
R.L.D.: El vertimiento de energía renovable —energía limpia disponible que no puede integrarse a la red por falta de capacidad de transmisión— genera pérdidas económicas directas para los generadores de energías limpias y para el país. Se está dejando de producir energía barata y renovable, mientras se sigue despachando generación fósil contaminante (gas, carbón y diésel), así como generación de centrales PMGD, que es mucho más costosa para los consumidores finales. Es urgente establecer señales regulatorias que fomenten la inversión en sistemas de almacenamiento de energía y criterios de operación de red más flexibles, para aprovechar mejor los abundantes recursos renovables que tiene el país. Además, los vertimientos o recortes por congestión deben aplicarse de manera equitativa para todos los actores del mercado, sin discriminación arbitraria dentro de la industria renovable.
R.E.: ¿Cómo influye el mercado marginalista en el precio final, especialmente con un aumento de renovables?
R.L.D.: En el mercado mayorista, que opera a costo marginal, solo participan generadores según sus excedentes o déficits de producción. El precio final que pagan los clientes se determina a partir de un valor de largo plazo, fijado por contratos bilaterales entre generadores/comercializadores y clientes (mercado de contratos). Sin embargo, ambos mercados están estrechamente interrelacionados, generando incentivos que pueden distorsionar el mercado mayorista, trasladando el costo de estas distorsiones a los consumidores finales.
Para que el mercado mayorista funcione correctamente, debe ser administrado con la máxima transparencia, lo cual no siempre sucede. Existen casos cuestionables sobre las declaraciones de centrales térmicas respecto a su operación en “mínimo técnico”, así como en lo que respecta a “gas inflexible” y otras operaciones reportadas que han deprimido artificialmente el precio marginal de la energía. Esto afecta gravemente a las renovables y, al mismo tiempo, incrementa los costos para los clientes industriales y, en un futuro próximo, también para los clientes regulados.
Además, estas distorsiones en el mercado mayorista podrían intensificarse si se implementa de forma apresurada el denominado “mercado de ofertas”, que se está promoviendo en Chile. En este contexto, el ejercicio del poder de mercado se convierte en un aspecto crítico que requiere un monitoreo cuidadoso por parte de las instituciones.
En un momento crucial para el futuro energético de Chile, avanzar hacia una regulación más justa, transparente y eficiente será esencial para consolidar un sistema que valore a las energías limpias, beneficie a los consumidores y promueva el desarrollo sostenible. La oportunidad está presente: es momento de transformar los desafíos actuales en un impulso para una transición energética auténticamente equitativa y resiliente.
Con Información de desenfoque.cl
