El caso de Bernarda Vera Contardo —la presunta detenida desaparecida que hoy se cree que vive en Argentina— no solo cuestiona verdades históricas sostenidas por más de medio siglo, sino que también expone una debilidad institucional persistente: la tendencia del poder a manejar la información como un recurso, intentando ocultar o manipular los hechos según las conveniencias políticas o emocionales del momento.
El gobierno de Gabriel Boric tuvo conocimiento de los antecedentes desde 2024. Fue el Plan Nacional de Búsqueda el que, mediante un cruce de datos, descubrió incongruencias en la versión oficial sobre Vera, quien supuestamente fue detenida por militares en octubre de 1973 en Liquiñe. Según lo reconocido por el ministro Luis Cordero, la periodista y académica Pascale Bonnefoy jugó un papel crucial en la identificación de estas inconsistencias. Aun así, el Ejecutivo decidió mantener el silencio.
No se trata de un asunto menor. Este caso toca aspectos profundos de la historia, implica el sufrimiento real de una familia y pone en jaque las bases de la reparación y la verdad. A pesar de esto, el gobierno esperó a que un reportaje televisivo revelara el hallazgo para actuar. Solo entonces comenzaron las respuestas y las solicitudes de “prudencia”.
Este mismo patrón se evidenció recientemente con el exsubsecretario Manuel Monsalve, cuando La Moneda retuvo información clave durante 48 horas sobre su causa judicial. ¿Por qué no anticiparse? ¿Por qué no gestionar la comunicación de temas tan sensibles? ¿Por qué dejar que la noticia surja desde el exterior, sin contexto ni preparación adecuadas?
Es comprensible —y valioso— abordar el tema de los detenidos desaparecidos con la sensibilidad necesaria. Hay heridas abiertas, duelos sin cerrar y vidas marcadas por el sufrimiento. Sin embargo, la razón de Estado también demanda transparencia, especialmente cuando se trata de la confianza en las instituciones. Una sociedad democrática no puede construirse sobre silencios estratégicos ni decisiones poco claras.
El Gobierno debió haber informado antes. Explicar lo que se sabía, lo que se investigaba y lo que aún no se podía confirmar. Esta actitud —de confiar en la ciudadanía y tratarla como adulta— fortalece, no debilita. La transparencia no es un lujo para los tiempos de calma; es una obligación ética en momentos difíciles.
El caso de Bernarda Vera no solo reescribe una historia personal. También muestra que, a 50 años del golpe, seguimos teniendo deudas con la verdad. No solo con la verdad histórica, sino con la verdad del presente. Y en esa deuda, la opacidad no puede ser el medio para resolver el costo político.
Con Información de www.elperiodista.cl
