Por Hernán Guerrero S.
Cuando alguien afirma ser independiente, inmediatamente pregunto: «¿Independiente de quién?». Esto se debe a que los seres humanos somos inherentemente sociales y no existimos de manera completamente autónoma, incluso aquellos que eligen vivir en soledad dependen del entorno que los rodea. Ni siquiera el anacoreta es totalmente independiente de su forma de contemplar el mundo, ni del papel que ocupa o que su comunidad le reconoce.
Recientemente, en el acalorado debate nacional, las conversaciones sobre las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo y las respuestas del ministro Marcel resaltan las limitaciones de la independencia y autonomía, particularmente cuando quienes opina no son conscientes de ello. Desde mi perspectiva, el informe y las posteriores intervenciones de sus defensores sugieren que ellos supervisan al ministerio de Hacienda, lo que implica que el ministro debería acatar sus recomendaciones de inmediato. Esto implica una visión donde el ministro actúa como un gerente operativo del CFA, aunque no lo expresen abiertamente, parece que esta idea subyace en su percepción del rol del ministro y su mandato legislativo.
Por otro lado, el CFA presenta su propio enfoque, que influye en los aspectos económicos y técnicos de sus postulados. Cito lo esencial de la columna de mi amigo Luis Eduardo Escobar, economista experto en política fiscal. Según Luis Eduardo, el ministro Marcel, al calificar el informe de “inusualmente severo”, fue excesivamente benévolo en su evaluación.
Él señala que “más allá del tono inadecuado y autorreferente, el verdadero problema del informe es que su diagnóstico y propuestas están sesgados en al menos tres aspectos”.
El primer sesgo implica que se culpa a este Gobierno por no adoptar medidas correctivas a tiempo. Aunque el informe menciona que los déficits fiscales son una “situación excepcional de múltiples años” (sic), no se atribuye responsabilidad a las administraciones anteriores por no haber abordado el problema. Tampoco se cuestiona por qué no actuaron. No obstante, insiste en que debe ser este Gobierno el que implemente el ajuste fiscal propuesto.
Al final, el informe menciona que esta administración redujo el gasto público en más de un 20% en términos reales en 2022, lo que equivale a 7 puntos del PIB, puesto que el Gobierno anterior dejó al actual todo el ajuste fiscal postpandemia. Además, sugiere que si este Gobierno lo logró una vez, puede hacerlo nuevamente, como si la política fiscal fuese un ejercicio de destreza.
Sin embargo, lo más grave es que el CFA ignora que hasta 2003, cuando inició el superciclo de precios del cobre, el país enfrentaba un déficit fiscal significativo que causó tensiones durante las evaluaciones económicas anuales del FMI. La reducción de la deuda externa bruta a menos del 4% del PIB en 2007 y la condición de acreedor neto internacional hasta 2011 se debieron a los ingresos extra generados durante ese superciclo. La situación fiscal, excluyendo los ingresos del cobre, ya era débil desde 1999 y continúa así.
El segundo sesgo es que propone que, si no hay acuerdo con el Legislativo—lo cual es probable en un año electoral—es responsabilidad de esta administración reducir el déficit estructural en un punto porcentual del PIB este año. Alcanzar esta meta en el tiempo que queda equivale a un ajuste fiscal de dos puntos del PIB anualmente, ya que debería hacerse en seis meses o menos. Al CFA parece no interesarle que, dadas las actuales condiciones económicas y la incertidumbre internacional, una medida de esta magnitud probablemente llevaría al país a una recesión, con los costos sociales y económicos que eso conlleva. Este riesgo no puede ser despreciado por un Gobierno responsable.
El tercer sesgo, dada la escasa posibilidad de un acuerdo entre el Gobierno y el Congreso para aumentar los ingresos tributarios, sugiere que el ajuste se realice únicamente mediante recortes de gasto, en particular del gasto corriente. Por supuesto, el CFA no indica qué gastos reducir, ya que, si lo hicieran, tendrían que asumir el costo político de sus recomendaciones.
Si el CFA quiere colaborar en mejorar la situación fiscal del país—un objetivo necesario que comparto—no basta con advertir sobre un desastre que, por cierto, está lejos de ocurrir. El límite prudencial de deuda pública bruta establecido en el 45% del PIB es tan arbitrario como cualquier otro límite y, de hecho, como reconoce el CFA, está bastante por debajo de los niveles de deuda de nuestros pares.
Finalmente, el CFA debería cumplir a cabalidad sus obligaciones bajo la ley, que le instruye a “manifestar su opinión sobre eventuales desviaciones del cumplimiento de las metas de Balance Estructural”, algo que hace, aunque lo exagera, y “proponer medidas de mitigación” (énfasis del autor), tarea ingrata que prefiere evitar.
Afirmar que este Gobierno debe recortar el gasto, como se indica en varias ocasiones en el texto del CFA, no se alinea con el encargo del Legislador de “proponer medidas de mitigación”. Además, sabiamente, el legislador no solicitó que el CFA proponga medidas que corrijan completamente desviaciones en menos de un año, solo pidió “proponer medidas de mitigación”. En esto, el ministro Marcel está siendo más fiel a la letra y el espíritu de la ley que el CFA.
Escobar concluye que abordar los desafíos fiscales que enfrenta el país requiere una visión a largo plazo, con proyecciones acordadas y realistas, identificando un menú de posibilidades para reducir déficits y evaluando el costo alternativo de las opciones disponibles. Esa sería una verdadera contribución al debate fiscal por parte del CFA. Al final, la decisión sobre las medidas específicas a adoptar siempre será política, y corresponde al Gobierno actual y su ministro de Hacienda, preferiblemente en acuerdo con el Congreso.
Con Información de desenfoque.cl