El arresto domiciliario del expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2023), ordenado el lunes por el juez Alexandre de Moraes del Tribunal Supremo Federal, está «bien fundamentado» en la ley, a pesar de las críticas de la extrema derecha, afirmó Thiago Bottino, profesor de Derecho en la Fundación Getúlio Vargas de Río de Janeiro.
«Estoy de acuerdo con la prisión domiciliaria, sin objeciones; además de estar claramente prevista en la legislación, está justificada y es apropiada para este caso», aseguró Bottino.
A partir de ahora, Bolsonaro deberá permanecer en su residencia de Brasilia, sin acceso a teléfonos móviles, y solo podrá recibir visitas de familiares directos y abogados.
El juez determinó el arresto porque Bolsonaro incumplió una de las medidas cautelares impuestas, específicamente la prohibición de usar redes sociales para comunicarse con sus simpatizantes. Este incumplimiento ocurrió cuando el domingo, su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, transmitió un video en el que saludaba a los seguidores que se manifestaban en Río de Janeiro.
Bottino recordó que en una primera instancia, De Moraes había impuesto medidas cautelares en lugar de una prisión preventiva y, dado que estas «resultaron ineficaces», decidió optar por el arresto domiciliario, que conlleva mayores restricciones.
«Si esto no es suficiente, puede decretar la prisión preventiva, que implica una restricción total de la libertad», indicó, aunque aclaró que la única diferencia sería que en lugar de estar en su domicilio, Bolsonaro estaría en un establecimiento penitenciario.
USO DE REDES SOCIALES
El jurista no cuestiona la legalidad del arresto domiciliario del expresidente, pero sí plantea dudas sobre la base legal para prohibir el uso de redes sociales, una preocupación expresada por varios especialistas.
Bottino explicó que no existe una ley específica que contemple esta medida, pero muchos jueces, tanto en el Supremo como en la justicia ordinaria, consideran que pueden imponer medidas cautelares no previstas en la ley, siempre que sean pertinentes al caso y se sustenten en las características concretas del proceso.
Además, en respuesta a las críticas sobre los supuestos excesos de De Moraes, el especialista subraya que el veto al uso de redes sociales fue consensuado con otros jueces de la corte suprema y ha resistido diversos recursos, lo que refuerza su legalidad.
«A pesar de ser crítico desde una perspectiva formal, entiendo el razonamiento del juez para prohibir comunicados a través de medios electrónicos, ya que las actividades delictivas se llevaron a cabo de esa manera; en términos generales, sería análogo a prohibir a alguien con licencia de portar armas que lo haga si ya había amenazado a personas», ejemplificó.
Bottino también considera que es fundamental distinguir entre el proceso y la conducta de Bolsonaro durante esta fase del juicio, en el que será juzgado por intentar dar un golpe de Estado tras su derrota electoral ante Luiz Inácio Lula da Silva en 2022; se espera que la sentencia se conozca en septiembre.
Es muy probable que, dado que Bolsonaro enfrenta cinco cargos diferentes, no sea absuelto; sin embargo, el especialista no cree que la violación de medidas cautelares influya en la sentencia como un castigo adicional.
«El único efecto es durante el proceso; él podría haber estado en libertad si hubiera cumplido con la decisión anterior del juez», enfatizó.
Bolsonaro está acusado de delitos como intento de golpe de Estado y pertenencia a una organización criminal armada, con penas máximas que podrían alcanzar hasta 43 años de prisión.
Con Información de www.elperiodista.cl
