La Superintendencia de Educación ha publicado su segundo informe trimestral del año sobre denuncias en el ámbito de convivencia.
Según los datos disponibles en el Portal de Datos Abiertos Supereduc, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2025, se registraron un total de 8.678 denuncias a nivel nacional, lo que significa un aumento de 1.194 casos en comparación con el mismo periodo de 2024.
Del total de denuncias, el 70,8% (6.148 casos) se refiere al ámbito de convivencia, lo que representa un incremento de 1.055 casos y un aumento del 20,7% respecto al año anterior.
La superintendenta (s) de Educación, Marggie Muñoz, señaló que “la tendencia al alza en las denuncias se ha mantenido desde la pandemia, por lo que es crucial que las comunidades educativas adopten medidas preventivas y estrategias de diálogo para evitar la escalada de conflictos y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.”
“A las familias les recomendamos siempre seguir el procedimiento regular con el establecimiento, asegurándose de que haya claridad sobre los canales de comunicación y disposición para llegar a acuerdos en caso de conflictos”, añadió la superintendenta (s).
La mayoría de los casos involucran maltrato entre estudiantes
Las denuncias en el ámbito de convivencia abarcan casos de maltrato hacia diversos miembros de la comunidad educativa, incluyendo discriminación, aplicación de medidas disciplinarias, incidentes de carácter sexual, y vulneraciones de derechos. La categoría que concentra más denuncias es “maltrato a párvulos y/o estudiantes”, con 3.422 casos, de los cuales 2.026 se refieren a situaciones de maltrato entre estudiantes, excluyendo el nivel parvulario.
En menor cantidad, se registraron 1.289 denuncias por maltrato de adultos hacia estudiantes y/o párvulos, y 107 denuncias por conflictos entre párvulos que impactan la convivencia, como golpes y mordeduras.
Los casos de discriminación alcanzaron 1.024 denuncias hasta el 30 de junio, representando el 16,7% de las denuncias por convivencia. De estas, 473 corresponden a discriminar por Necesidades Educativas Especiales, lo que supone un aumento del 50,6% en comparación con 2024.
Marggie Muñoz enfatizó la importancia de “identificar rápidamente situaciones de tensión entre estudiantes y de involucrar a las familias en la resolución de conflictos, utilizando herramientas como la mediación y conciliación. Esto no solo previene el maltrato, sino que también ofrece enseñanzas valiosas para la comunidad”.
“Desde la Superintendencia estamos comprometidos a fortalecer la gestión colaborativa de conflictos y a dotar a las comunidades educativas de capacidades a través de capacitación y estrategias de mediación desde el primer contacto para facilitar soluciones rápidas y guiar a los establecimientos en cumplimiento de las normativas educativas”, destacó.
Maltrato a adultos/as representa un 4,3% de los casos
El 4,3% de las denuncias por convivencia se refieren a situaciones de maltrato a miembros adultos de la comunidad educativa, incluyendo directivos, docentes y apoderados. Este tipo de denuncias aumentó un 57,5%, de 167 en el mismo periodo de 2024 a 263 este año.
Los casos más frecuentes en esta categoría – 85 denuncias – fueron de maltrato de personal del establecimiento hacia padres o apoderados.
La superintendenta (s) instó a las comunidades educativas a “revisar, actualizar y difundir sus reglamentos internos y protocolos de actuación, así como a cumplir sus planes de gestión de convivencia y estar alerta ante posibles conflictos, tomando medidas a tiempo”.
Además, invitó a las comunidades educativas a sumarse a la Jornada Nacional “Presentes contra la violencia”, convocada por el Ministerio de Educación para este miércoles 30 de julio.
“Instamos a todos los establecimientos de parvulario y educación básica y media a participar en esta importante jornada de reflexión y diálogo. Aprovechemos esta oportunidad para establecer compromisos concretos y diferenciar entre problemas de convivencia, que representan la mayoría de las denuncias, situaciones de violencia y actos que podrían ser delitos. No son lo mismo y requieren diferentes enfoques. Es esencial que todos lo comprendan para garantizar que jardines, escuelas y liceos sean espacios seguros y propicien el aprendizaje y desarrollo integral de nuestros niños y adolescentes”, concluyó Muñoz.
Con Información de www.lanacion.cl
