El reciente informe de la Contraloría General de la República, que reveló que más de 25 mil funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras solicitaban licencias médicas entre 2023 y 2024, ha generado un gran revuelo a nivel nacional. En respuesta, la Encuesta Chile Nos Habla, realizada por la Universidad San Sebastián (USS), ha medido la opinión del público sobre este asunto. Para el 96,8% de los encuestados, esta práctica es muy mala o mala, mientras que el 2,8% considera que es indiferente y solo el 0,4% opina que está bien.
Reembolso y desvinculaciones como principales sanciones
Al consultar sobre las acciones que deberían implementarse a corto plazo en caso de comprobarse el mal uso de licencias, la encuesta, que cuenta con el respaldo del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la USS, en colaboración con el Instituto de Políticas Públicas en Salud (Ipsuss) de la Facultad de Medicina, revela que un 69,9% exige el reembolso a los funcionarios que viajaron al extranjero; un 64,2% sugiere desvincular a estos funcionarios.
Además, casi la mitad (44,9%) apoya investigar a los profesionales de la salud que emiten estas licencias, un 41,7% menciona la necesidad de tomar acciones legales contra quienes usaron las licencias fraudulentamente, y un 40,9% aboga por instruir sumarios administrativos.
Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la USS, afirma que «esta situación es de suma gravedad, afecta la confianza pública y la legitimidad del Estado. En un contexto de restricciones fiscales y déficit significativo, resulta doloroso ver que este fraude, confirmado por la Contraloría, se financió con los impuestos de todos los chilenos, recursos que podrían haber sido destinados a asuntos urgentes como la seguridad, las listas de espera en salud y el empleo”.
Weber añade: “La solución al problema debe abordarse en dos aspectos. Primero, sancionar con base en la ley a quienes cometieron el ilícito; segundo, es una oportunidad ideal para legislar y reformar el sistema de empleo público, que es obsoleto e ineficaz y se ha convertido en un obstáculo para un mejor uso de los recursos de todos los chilenos».
“Las personas tienen razón al señalar que es urgente aumentar la fiscalización para prevenir el uso indebido de licencias médicas, y que eso tenga consecuencias tanto para quienes las solicitan como para quienes las emiten”, explica el doctor Jorge Acosta, director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Salud.
En cuanto a las posibles causas que pueden haber llevado a esta situación, un 71,6% menciona la falta de consecuencias para quienes piden estas licencias y un 63,9% indica que esto se debe a la falta de consecuencias para quienes las emiten, mientras que un 39,7% sugiere que es resultado de la falta de control por parte de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin).
Desconfianza en el desenlace del caso
“Al comparar con experiencias internacionales, es fundamental evaluar la posibilidad de reducir gradualmente el porcentaje del subsidio durante el periodo de licencia (para incentivar la reincorporación temprana), revisar la duración de la incapacidad cuando es excesiva (más de 6 meses) para poder conectar con pensiones de invalidez, y considerar la participación de los empleadores en parte del financiamiento de la ausencia”, señala el director ejecutivo del Ipsuss.
Al preguntar sobre las expectativas sobre lo que sucederá con los funcionarios públicos que viajaron mientras estaban en licencia médica, el 58,4% cree que no habrá consecuencias, un 30% piensa que se tomarán medidas leves, y solo un 11% considera que se tomarán medidas importantes para impedir que se repitan situaciones como esta.
Con Información de www.lanacion.cl