Por: Claudia Molina B.| Factos – Editorial
La justicia, afirman, llega tarde pero llega. Sin embargo, cuando tarda 38 años en hacerlo, no es solo justicia; se convierte en un reflejo de la enfermedad institucional que permitió que el crimen quedara sin respuesta durante tanto tiempo. La sentencia de la Corte Suprema, dada a conocer en enero de 2024, condenó a 10 militares por el homicidio de Rodrigo Rojas De Negri y el homicidio frustrado de Carmen Gloria Quintana; más que cerrar un ciclo, abre interrogantes urgentes sobre cómo una sociedad enfrenta –o elude– su memoria histórica.
Rodrigo Rojas, con solo 19 años, una cámara en mano y un destino trágico, se convirtió en un símbolo. Era julio de 1986, durante el Paro Nacional contra la dictadura, cuando fue detenido junto a Carmen Gloria Quintana por una patrulla militar en Estación Central. Ambos fueron golpeados, rociados con combustible, incendiados y abandonados en una acequia de Quilicura. Rodrigo falleció cuatro días después, mientras que Carmen Gloria sobrevivió con más del 60% de su cuerpo quemado.
Este incidente no fue un “exceso” aislado. Fue terrorismo de Estado, llevado a cabo por agentes armados en plena vía pública, durante una dictadura que institucionalizó la violencia como método de control político. Lo sufrido por Rodrigo y Carmen fue parte de una maquinaria del horror, diseñada para castigar la disidencia, marcar cuerpos y destruir vidas como advertencia.
A pesar de todo, esos crímenes permanecieron impunes durante casi cuatro décadas. En 2024, la Corte Suprema ratificó condenas de 20 años y un día para los perpetradores materiales y penas menores para los cómplices, todos ellos militares retirados. Además, se ordenó el pago de indemnizaciones a las familias. Esta decisión llega cuando varios responsables son de avanzada edad y el poder judicial ya presenta un historial vergonzoso de obstrucciones y rebajas de penas para criminales de lesa humanidad.
¿De qué tipo de justicia hablamos, entonces, cuando esta tarda tanto y ofrece tanto a los victimarios?
Este fallo se produce en un contexto preocupante. A poco más de medio siglo del golpe de Estado, el país observa cómo sectores políticos intentan relativizar los crímenes de la dictadura, equiparando responsabilidades entre víctimas y victimarios, promoviendo un negacionismo disfrazado de “reconciliación”. Se clama por la violencia de las protestas, pero se guarda silencio ante el caso de dos jóvenes quemados vivos por el Estado.
Rodrigo Rojas De Negri no puede ser recordado solo como un mártir. Su historia debe servir como una advertencia política. Porque cuando el Estado renuncia a proteger a sus ciudadanos y se convierte en el ejecutor del miedo, se rompen los cimientos del contrato social. Y cuando la justicia se demora 38 años, se evidencia que la democracia no se reconstruye automáticamente con una elección o una nueva constitución: requiere compromiso, valentía y memoria.
Hoy, en medio de una disputa cultural sobre el pasado reciente, casos como el de Rodrigo y Carmen nos recuerdan que el olvido no es neutral. La equidistancia ante la violencia institucional es una forma de complicidad. Y las democracias que no enfrentan su historia están condenadas a repetirla, disfrazada de modernidad, pero con la misma lógica de impunidad.
Rodrigo tenía 19 años. Quería contar la historia. Hoy, la historia lo narra a él. Y nos interpela: ¿De qué lado de la historia queremos estar?
Con Información de factos.cl
