La designación de Luis Cordero como primer ministro de Seguridad Pública marca un avance hacia la creación de este ministerio, cuya Ley orgánica N°21.730 entrará en vigor el 1° de abril de 2025.
Esta iniciativa, que busca mejorar la seguridad interior del país, fue parte del programa presidencial de Michelle Bachelet en 2005. Una vez en el cargo, Bachelet nombró a José Antonio Viera Gallo como “encargado del equipo Asesor de Gobierno en Seguridad Ciudadana” para implementarla. Dos décadas después, con su próximo inicio de operaciones, aún es necesario completar una estructura burocrática que, como es habitual en el país, incluye el proceso de Toma de Razón por parte de la Contraloría.
No existe certeza sobre si esta medida realmente mejorará la seguridad ciudadana ni en qué plazos. La profunda crisis institucional caracterizada por la inseguridad y la corrupción que afecta a diversos ámbitos del Poder Judicial representa un obstáculo significativo. Además, el descontrol del crimen organizado y las deficiencias en las fuerzas policiales, junto con un ministerio público cuestionado por su eficacia y probidad, complican aún más la situación.
Las posibilidades de realizar predicciones confiables son más inciertas dado el volumen de tareas de coordinación que se asignarán al nuevo ministerio.
Dentro de una supuesta Política Nacional de Seguridad Pública, el ministerio asumirá un papel destacado en el Sistema de Seguridad Pública, que incluirá un Consejo Nacional de Seguridad Pública, un Consejo Nacional de Prevención del Delito, 16 Consejos Regionales de Seguridad Pública y de Prevención del Delito, y una Subsecretaría de Seguridad Pública, entre otros órganos. Esto implicará gestionar relaciones con Carabineros, la PDI, Gendarmería en temas penitenciarios, y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), así como coordinar con otros ministerios como Interior, Relaciones Exteriores, Justicia, Defensa, Vivienda, Educación, Desarrollo Social, Mujer y Equidad de Género, y Salud, con el fin de diseñar e implementar políticas integrales de seguridad. Los temas abarcan fronteras, migraciones, prevención, programas comunitarios, reinserción, violencia de género, delitos asociados, salud mental y consumo de drogas, entre otros, sin olvidar los vínculos con gobiernos regionales, municipios y la Agencia Nacional de Ciberseguridad.
Entre sus funciones fundamentales se contempla la formulación, diseño y evaluación de políticas y estrategias nacionales para prevenir y combatir el crimen organizado, el narcotráfico y los actos terroristas.
Un ejemplo que ilustra las dificultades que enfrentará para avanzar en esos objetivos es la situación del Poder Judicial en Chile, afectado por la corrupción y la obsolescencia de sus controles internos. Este no cumple con los lineamientos básicos de ciberseguridad exigidos por ley, careciendo de una memoria digital segura y procedimientos auditados en la gestión de causas. Como Poder Autónomo, el Poder Judicial está exento del control externo de sus gastos y omite responder a los requerimientos de igualdad y transparencia. ¿Cómo podrá alinearse con una estrategia frente al crimen organizado?
La relación entre seguridad y justicia no será simple ni pacífica, a pesar de la creación de un ministerio de Seguridad y la experiencia del ministro, que ya ejerció como ministro de Justicia y tiene conocimiento de los problemas existentes con el Poder Judicial.
La pregunta clave es cuántos desafíos de esta índole tendrá que enfrentar el nuevo ministerio para activar sus competencias reales, como en el caso de la creación del Centro Integrado de Coordinación Policial, Cicpol, destinado a identificar riesgos y coordinar operaciones complejas, en un contexto donde la confianza y la coordinación entre instituciones de seguridad brillan por su ausencia.
Solo el tiempo lo revelará, aunque se espera que no pasen otros 20 años.
Con Información de desenfoque.cl