En 2015, Ecuador, bajo el gobierno de Rafael Correa, ocupaba el puesto 84 en el Índice de Paz Global, publicado por el Institute for Economics and Peace. Sin embargo, en 2024, ha caído al puesto 130, lo que indica que Ecuador «puede considerarse un país peligroso».
En febrero de 2008, formé parte de una delegación que viajó a Ecuador junto a Roy Bourgeos, fundador de SOA Watch, y Lisa Sullivan, ex coordinadora para América Latina de la organización. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con el expresidente Rafael Correa en el Palacio de Carondelet, la sede del Gobierno ecuatoriano. En esa ocasión, le solicitamos que Ecuador dejara de enviar tropas a entrenarse en la nueva Escuela de las Américas, que desde 2001 opera como el Instituto de Cooperación para la Seguridad del Hemisferio Occidental (WHINSEC), que se encarga de la formación y adoctrinamiento bajo la política militar estadounidense.
En aquel 2008, Correa, durante su segundo año de mandato, nos escuchó con atención y comprendía la relevancia de nuestro planteamiento sobre el impacto del entrenamiento militar de tropas latinoamericanas en Estados Unidos.
Se comprometió a buscar una mejor correlación de fuerzas, reconociendo que para los presidentes de América Latina es complicado desafiar, de un momento a otro, las imposiciones de Estados Unidos sin enfrentar posibles consecuencias.
Ese mismo año, meses después, el 28 de septiembre, el pueblo ecuatoriano respaldó una nueva Constitución tras una Asamblea Constituyente, que establece que “Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia social” y designa al país como “un territorio de paz”, prohibiendo la instalación de bases militares extranjeras, entre otros logros importantes.
En 2009, Correa decidió no renovar el acuerdo con Estados Unidos para el uso militar de la base aérea de Manta, y en 2012 resolvió retirar a las tropas ecuatorianas del entrenamiento en WHINSEC.
Durante aquellos años, Ecuador mostraba signos de florecimiento. El gobierno mantenía un diálogo directo con los movimientos sociales y la ciudadanía, que participaba activamente. La vida en el país irradiaba esperanza y la economía experimentó un avance significativo.
También es importante recordar que, el 3 de mayo de 2007, bajo el gobierno de Correa, se creó una Comisión de la Verdad para investigar y esclarecer violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1984 y 1988, entre otros períodos.
Entre 2009 y 2015, Ecuador logró reducir considerablemente la pobreza multidimensional en 16.5 puntos porcentuales; de hecho, 1.9 millones de ecuatorianos salieron de la pobreza en solo seis años.
En términos de seguridad, es relevante mencionar que en 2007, cuando Rafael Correa asumió la presidencia, Ecuador tenía una tasa de homicidios de 16.9 por cada 100,000 habitantes.
Para 2014, “cerramos con una tasa de homicidios de 8.1 por cada 100,000 habitantes y nuestra meta para 2015 era terminar con seis homicidios por cada 100,000 habitantes”, comentó en un encuentro sobre seguridad José Serrano, entonces Ministro del Interior.
Es innegable que bajo el gobierno de Rafael Correa no todo fue perfecto, pero se lograron avances significativos. También hubo intentos de golpe de estado en 2010, sabotajes, y presiones, aunque claramente se vivía mejor en esa época de la “Revolución Ciudadana”.
El país más violento de América Latina
Desde entonces, Ecuador ha enfrentado numerosos desafíos que sería extenso detallar. Ahora, en el presente, el diario español El País titula, a comienzos de marzo de 2025, que “Ecuador se sitúa como el país más violento de América Latina: un asesinato cada hora”.
“En los primeros 50 días del año, el país ha registrado 1,300 asesinatos, que corresponden a un crimen por hora. Esta cifra representa un aumento del 40% en comparación con 2023, que ya fue el año más violento en la historia reciente del país. En este contexto de violencia, al menos 50 menores han perdido la vida solamente en enero», señala el diario español.
En 2015, Ecuador, bajo el gobierno de Correa, ocupaba el puesto 84 en el Índice de Paz Global, mientras que en 2024 se encuentra en el puesto 130, lo que significa que ya se considera un país peligroso. “Este indicador mide el nivel de paz y la ausencia de violencia en un país”, indican.
En 2024, bajo la presidencia de Daniel Noboa, Ecuador se ubicó en primer lugar en la región en cuanto a homicidios per cápita, alcanzando casi 38.8 casos por cada 100,000 habitantes.
En contraste, en 2015 la tasa era de 6.46 por cada 100,000 habitantes, lo que resalta la drástica diferencia en las vidas perdidas en la actualidad.
El 2024 también fue marcado por el asesinato de cuatro niños en el “Caso Las Malvinas”, que involucra a 16 militares ecuatorianos, un acontecimiento que evoca la tragedia del asesinato y desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa. Este caso es solo uno de muchos que han ocurrido bajo el gobierno de Noboa, y la UNICEF ha advertido que la tasa de homicidios de niños, niñas y adolescentes ha aumentado un 640% en cuatro años.
En un artículo previo titulado “Las implicancias de EEUU en Ecuador”, evidencié que la “supuesta” ayuda militar, de inteligencia y de entrenamiento del gobierno estadounidense no ha logrado convertir a Ecuador en un país más seguro. En realidad, donde Estados Unidos o el neoliberalismo intervienen, se agudizan las injusticias, el caos y la violencia.
Entre otros puntos, mencioné en dicho artículo que:
En septiembre de 2021, el Comando Sur y las Fuerzas Armadas de Ecuador firmaron un “memorando de entendimiento” para mejorar las relaciones en seguridad y defensa. Este acuerdo, titulado “Sistema Cooperativo de Integración de Información Situacional”, busca el intercambio de datos e información para optimizar la operación conjunta entre las fuerzas de Estados Unidos y Ecuador.
En el marco de este acuerdo, la embajada estadounidense en Quito comentó que “Estados Unidos y Ecuador han compartido una larga historia de cooperación en seguridad, enfocada en intereses mutuos, incluyendo la seguridad aérea y marítima”, añadiendo que “desde la reapertura de la Oficina de Cooperación en Seguridad en 2018, la Misión de Estados Unidos ha proporcionado más de $2.8 millones en asistencia humanitaria, $1.4 millones en entrenamiento militar y $27.7 millones en equipos y apoyo a las contrapartes ecuatorianas para combatir operaciones ilícitas y fortalecer la defensa de Ecuador”.
El artículo titulado “Violencia y el rol de EEUU en Ecuador”, publicado en el sitio web de TELESUR, señala que “entre 2021 y 2022, la asistencia militar de EE. UU. a Ecuador alcanzó los 172 millones de dólares en el marco de programas militares y antinarcóticos, convirtiendo al país en el principal receptor de asistencia militar en la región”.
En 2019, el gobierno ecuatoriano firmó acuerdos con Estados Unidos que permiten a los militares estadounidenses operar con aviones P-3 Orion desde bases aéreas de Simón Bolívar y del aeropuerto de la Isla San Cristóbal en el archipiélago de Galápagos para combatir el narcotráfico.
Reviviendo Ecuador
En octubre de 2024, el gobierno actual de Ecuador, liderado por Daniel Noboa, envió a la Asamblea Nacional una propuesta de reforma constitucional que facilitaría “abiertamente” el establecimiento de bases militares extranjeras en el país, aunque actualmente están prohibidas por el artículo 5 de la Constitución ecuatoriana.
En contraste, el “Programa Plurianual de Gobierno de la Revolución Ciudadana 2025-2029”, presentado por Luisa González como candidata presidencial, expresa: “Defender la soberanía nacional y rechazar la aplicación de la extraterritorialidad de la ley: no a los Tratados de Asistencia Recíproca; no a la instalación de bases militares extranjeras en nuestro territorio”.
El 13 de abril se llevará a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador, donde hay esperanzas de que Luisa González salga triunfante. Sería un desarrollo muy positivo para Ecuador y América Latina, marcando un paso hacia la transformación de la dura realidad en la que los grupos de poder, algunos supuestamente vinculados al narcotráfico, han sumido al Ecuador actual.
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