Cristián Valenzuela, el polémico y directo general de la campaña del candidato presidencial José Antonio Kast, afirmó en una columna del diario La Tercera que todos los funcionarios públicos son “parásitos”, sin ofrecer ejemplos específicos. Con esto, buscaba notoriedad, logrando lo que pretendía, pero tras recibir críticas, incluso de su propio sector político, al día siguiente “aclaró” que no todos los empleados del Estado merecían tal calificativo.
Tras esa desafortunada declaración, la contralora Dorothy Pérez participó en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2025, aceptando una invitación de destacados líderes empresariales. Su discurso fue ovacionado por más de mil asistentes, donde expuso sobre casos de corrupción en el sector público que su organismo había detectado, aunque no mencionaremos detalles, ya que la prensa ha cubierto ampliamente la información. Algunos podrían argumentar, con razón, que la élite esperaba que ella abordara esos temas, incluyendo el término “permisología”, acuñado por ellos mismos para facilitar trámites de proyectos de inversión.
Es curioso recordar que la Contraloría General de la República no supervisa el sector privado. Sin embargo, al aproximarse las elecciones, el impacto mediático de su aclamada charla podría favorecer a Kast, Kaiser y Matthei, lo cual efectivamente ocurrió. Por ello, era crucial que, en un evento relevante, ella criticara a los funcionarios del actual gobierno, a quienes Valenzuela había descalificado como “parásitos”.
Este columnista ha sostenido en numerosas ocasiones que no sólo en este gobierno, sino en todos, han existido errores administrativos y actos corruptos por parte de funcionarios designados por distintos presidentes, a menudo por ser amigos o parte de sus partidos políticos. Las prácticas deshonestas de los actores privados mejor conectados suelen pasar desapercibidas, y quienes las perpetran, frecuentemente coludidos con burócratas, obtienen riquezas ilícitas.
En Enade, por cautela, no se mencionaron grandes casos de corrupción que han quedado sin castigo, ya que “las instituciones no han podido funcionar”. Estos casos han sido tratados por la Contraloría y los tribunales de justicia. Recordemos solo dos ejemplos que evidencian cómo las conexiones pueden facilitar negocios ilegales.
Guetos verticales en Estación Central
Durante la gestión de Rodrigo Delgado como alcalde, el director de obras municipales (DOM) otorgó 80 permisos de construcción en altura desde 2013, todos declarados ilegales por la Contraloría. Esta última ordenó que se invalidaran los permisos y se iniciaran los sumarios correspondientes, pero la municipalidad ignoró estos dictámenes. El DOM continuó procesando las recepciones finales de todos los edificios, excepto cuatro, durante el mandato de Felipe Muñoz.
Algunos ciudadanos interpusimos querellas en el 7° juzgado de garantía por prevaricación administrativa, tras la ratificación por parte de la Corte Suprema de los dictámenes de la Contraloría. Varios fiscales han investigado, pero hasta ahora no hay resultados. Los inversores han gastado aproximadamente 2 mil millones y las inmobiliarias han vendido miles de departamentos de esos edificios, mientras la Justicia no ha podido emitir una sentencia. ¿Acaso el fiscal nacional, Ángel Valencia, actuará para que se conozca el desenlace de este caso de corrupción?
Dunas de Concón en la 5a región de Valparaíso
Este es un claro ejemplo de la relación entre el sector público y el privado que ha beneficiado a ciertos empresarios, con detalles que se pueden consultar en la publicación de Ciper del 27 de agosto de 2023, titulada “Dunas de Concón y un oficio desconocido”.
Con la declaración del Santuario de la Naturaleza de 50 hectáreas de dunas en Concón, se reveló que el gobierno de Pinochet vendió directamente esas dunas, pertenecientes al Instituto de Normalización Previsional (INP), a dos constructoras afines a la dictadura, las cuales no pagaron toda la deuda con el Estado. Estas empresas luego se fusionaron, formando Reconsa.
El informe de Pedro Pierry, abogado del Consejo de Defensa del Estado, es contundente en señalar que el Decreto Supremo N° 481, que declaraba el Santuario, fue anulado por otro decreto rechazado por la Contraloría, que necesitaba aprobación del Consejo de Monumentos Nacionales. Existen diversas escrituras que describen la venta de 750 hectáreas de dunas a favor de la empresa favorecida. Este informe es esencial para comprender la manipulación en las decisiones comerciales.
En conclusión, la afirmación de que los funcionarios públicos son “parásitos” no se sostiene. La mayoría realiza su trabajo de manera responsable, aunque en algunas municipalidades puede haber negligencia en el cumplimiento de normativas. Además, valoramos el trabajo de la actual contralora y sus predecesores en la lucha contra la corrupción en temas de Vivienda, Urbanismo, Obras Públicas y Medio Ambiente.
Por último, sugerimos a la contralora Dorothy Pérez que derogue el dictamen que exige a los denunciantes una legitimación activa. Esto podría fortalecer la participación ciudadana y, junto a un aumento en el presupuesto asignado para 2026, ayudaría a reducir la corrupción significativamente.
Con Información de www.elperiodista.cl
