La consultora española Altia enfrenta sanciones por colusión en licitaciones, uso de falsos trabajadores autónomos en su plantilla e incumplimiento de requisitos básicos en una licitación internacional. El ministerio del Trabajo le ha adjudicado la gestión de la Bolsa Nacional de Empleo (BNE) por otros cuatro años, aunque la situación es incierta debido a errores en el proceso que han llevado el caso al Tribunal de Compras.
Este contrato, con un valor de $8.000 millones, es crucial para la gestión de políticas sociales destinadas a trabajadores públicos y privados del país. Su éxito depende de la confianza, transparencia y probidad del Estado, elementos que contrastan con los antecedentes de la adjudicación.
La BNE fue licitada por primera vez en 2016 por cuatro años y renovada “por trato directo” con Altia, que ahora continúa hasta 2029. Esta plataforma es fundamental para articular el mercado laboral, vinculado al Seguro de Desempleo, y su continuidad es vital para certificar a los beneficiarios del Fondo de Cesantía Solidario, según el ministerio.
Bajo la gestión de Jeannette Jara y Giorgio Boccardo, se llevó a cabo una nueva licitación (ID 630-48-LR24) para 2025-2029, que se publicó en diciembre de 2024 como “licitación internacional”. Sin embargo, el proceso tiene fallos administrativos no detectados que deben ser corregidos por el Tribunal de Compras.
El cártel de colusión de Altia
Un aspecto preocupante es la condena a Altia por su participación en un cártel destinado a ganar licitaciones públicas en España. Aunque la condena es en otro país, afecta el “pacto de integridad” de la licitación, según el MinTrab. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en España impuso multas a 22 consultoras, incluidas Altia, por manipular licitaciones durante años, lo que afectó a diversos organismos públicos.
Esto refleja una práctica habitual de delitos contra la fe pública, crucial para la administración de la Bolsa Nacional de Empleo.
Los falsos autónomos de Altia en España
Además, Altia ha sido sancionada en España por intentar evitar el pago de derechos previsionales, clasificando a sus trabajadores como “autónomos”. Tras ser forzada por la Tesorería General de la Seguridad Social a regularizar su situación, la empresa buscó medidas judiciales para anular dicha obligación, las cuales perdió. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia dictaminó que esta suspensión sería perjudicial para los derechos de los trabajadores.
La actitud de Altia muestra su falta de compromiso ético con la transparencia y equidad, aspectos fundamentales para gestionar una bolsa de trabajo vinculada a subsidios de cesantía y beneficios tributarios. El ministerio, al mismo tiempo, se desliga de la responsabilidad, señalando que otras entidades públicas participaron en la evaluación de las propuestas.
No obstante, no menciona su papel como principal responsable y evita aclarar por qué se omiten antecedentes relevantes sobre la operación en España. Esta falta de atención podría permitir que experiencias que provienen de actividades ilegales afecten la licitación internacional.
Queda la interrogante de si todo esto sucede porque el trabajo en Chile es un tema despriorizado por el poder político, o si la administración ha desestimado la importancia de asegurar derechos laborales en una fecha simbólica como el 1° de mayo.
Con Información de desenfoque.cl