Jorge Muñoz Poutays, integrante del Comité Central del Partido Comunista y esposo de la reconocida líder Gladys Marín, fue arrestado en 1976 en la calle Conferencia durante un operativo llevado a cabo por la Dirección de Inteligencia Nacional, que también tuvo como objetivo a otros líderes comunistas.
En la noche del 4 de mayo de ese año, alrededor de las 20:30 horas, Muñoz fue secuestrado junto a Mario Zamorano Donoso, Jaime Donato Avedaño, Uldarico Donaire Cortés y Elisa Escobar Cepeda, quienes formaban parte de la primera directiva del partido. Después de su captura, fue llevado al centro clandestino de detención Villa Grimaldi y, posteriormente, al Cuartel Simón Bolívar, que fue el último lugar donde se supo de su paradero.
En ese momento, el Ministerio del Interior desmintió la detención de los implicados. Desde Chile, se comunicó a las Naciones Unidas que Mario Zamorano y Jorge Muñoz habían dejado el país con rumbo a Argentina el 13 de mayo de 1976, aunque esta afirmación fue refutada por las autoridades argentinas. Por otra parte, Dinacos, en declaraciones públicas realizadas el 14 y 17 de julio de 1976, informó que en mayo de ese año se habían detectado varias «casas buzones» del Partido Comunista.
Años más tarde, en 1998, Gladys Marín, quien era entonces secretaria general del Partido Comunista, interpuso la primera querella judicial contra el dictador Augusto Pinochet, lo que dio inicio a una investigación judicial que comenzó en 2000 bajo el rol 2182-98, con la participación de diversas víctimas de la represión durante la dictadura.
El juez Juan Guzmán fue el encargado de investigar los crímenes relacionados con la DINA, quien estableció que tanto Muñoz como los demás militantes del Partido Comunista fueron secuestrados y torturados en la Brigada Lautaro.
El 21 de febrero de 2025, en un fallo significativo, la Corte Suprema de Chile ratificó la condena a 30 exagentes de la DINA por su responsabilidad en el secuestro y desaparición de Muñoz y los otros militantes comunistas. La sentencia, que rechazó los recursos de casación presentados por los acusados, afirmó que estos crímenes son considerados delitos de lesa humanidad.
Con Información de www.elciudadano.com