Luis Eduardo Thayer, director del Servicio de Migraciones, ha afirmado que Chile no fomentará nuevos flujos migratorios ni alterará su política fronteriza en respuesta a crisis en otros países de la región. Estas declaraciones se realizan en un contexto de potenciales oleadas migratorias tras las recientes elecciones de Nicolás Maduro en Venezuela y Donald Trump en Estados Unidos.
Thayer enfatizó la importancia de integrar a los migrantes que ya residen en el país y de resolver los problemas de regularización e integración antes de considerar la apertura de nuevas oportunidades. Según el Servicio Nacional de Migraciones, los ingresos irregulares disminuyeron un 37% en 2024 en comparación con 2023 y un 48% respecto a 2022, situación que el gobierno atribuye a un aumento en los controles fronterizos.
Con aproximadamente 1,6 millones de migrantes viviendo en Chile, de los cuales el 6,6% se encuentra en situación irregular, el Ejecutivo está evaluando iniciar un proceso de regularización limitado para unas 180.000 personas registradas en 2023 que cuentan con lazos laborales o familiares. Este nuevo proceso será más exigente que los anteriores.
Además, Thayer destacó los progresos en la cooperación migratoria con Bolivia, tras la firma de un acuerdo histórico en diciembre que facilita el retorno de ciudadanos y migrantes de terceros países. Este acuerdo ha eliminado la restricción de reconducción, lo que se considera un avance significativo en las relaciones entre ambos países.
En cuanto a las expulsiones, Thayer mencionó que 2024 ha sido un año récord en expulsiones administrativas desde 2018, con 683 casos procesados bajo esta modalidad. No obstante, descartó un endurecimiento de la política migratoria, argumentando que se están llevando a cabo las medidas prometidas por el presidente Gabriel Boric, como el fortalecimiento del control en fronteras y la disminución de la migración irregular.
El gobierno también impulsó en 2023 un proyecto de ley para incrementar las sanciones por delitos relacionados con la convivencia, elevar los requisitos para obtener la nacionalidad chilena y penalizar el tráfico de personas. Esta iniciativa, que todavía se encuentra en tramitación en el Parlamento, se espera que sea aprobada en el primer trimestre de 2025. Thayer subrayó la importancia de esta ley para prevenir conflictos entre nacionales y migrantes, así como para proporcionar a los gobiernos locales las herramientas adecuadas para su gestión.
La inmigración sigue siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, un aspecto que el gobierno busca abordar con un enfoque equilibrado que contemple los derechos humanos, la seguridad y la convivencia.
Con Información de chilelindo.org